Por: Peggy Chamorro. Movimiento Feminista de Santa Teresa y Colectiva por el Derecho a Decidir
El femicidio de María Trinidad Matus Tenorio, en 2018, en las playas de Santa Teresa, en Costa Rica, es un hito en la historia del movimiento social en la península. Fue una chispa que encendió la rabia latente de una problemática que venía ocurriendo desde años atrás, ante la cual las mujeres se han organizado para contabilizar y denunciar lo que enfrentan. En este artículo, Peggy Chamorro, nos cuentan la articulación entre el Movimiento Feminista de Santa Teresa y la Colectiva por el Derecho a Decidir.
Esencial Costa Rica: Turismo y Violencia Sexual contra las Mujeres. Perspectiva y experiencia de las Mujeres Organizadas de la Península
“¿Saben lo primero que sentí cuando el domingo me dijeron que la habían asaltado, violado y matado? Sentí culpa, por no advertirle que CR se ha vuelto un país peligroso, y en especial para las mujeres”, escribió en sus redes sociales Elena Varadé, una joven que conoció a ‘Mar’ durante su viaje por el país[1].
La cita anterior recupera un lapidario testimonio que aún se puede leer en las páginas virtuales de CNN en español. Fechado en agosto del 2018, es la noticia del femicidio de María Trinidad Matus Tenorio, una joven turista mexicana de 25 años que iniciaba su recorrido por el mundo en las hermosas playas de Santa Teresa. Pero desconocía, como la mayoría de las turistas, que Costa Rica es peligroso para las mujeres y, además el acceso a la justicia es prácticamente inalcanzable.
La conmoción no tardó en presentarse, un femicidio en aquella hermosa playa era de un contraste horroroso. El trauma psicosocial no se hizo esperar, el miedo interpeló a cada quien. Para las mujeres el mensaje aleccionador fue más claro que nunca. Viajar sin pareja masculina, caminar en la noche por la playa para llegar a casa, salir con las amigas, cualquier signo de autonomía en este contexto, representa un peligro de muerte.
Santa Teresa – Malpaís – Cabuya – Montezuma, son un sector de hermosas playas en la costa del pacífico costarricense. Santa Teresa es particularmente famosa por sus olas[2] para surfear todo el año. La jurisdicción política de estas playas le corresponde a la provincia de Puntarenas. Siendo Cóbano el centro poblacional más cercano, con presencia de algunas instituciones del Estado.
El crecimiento hotelero y comercial de Santa Teresa y sus alrededores en las últimas décadas ha generado procesos de gentrificación. Lo cual cambió las dinámicas de estos pueblos costeros, que hoy día enfrentan un significativo aumento en el costo de la vida para las personas que habitan la zona, mayor contaminación ambiental (dado el descontrolado crecimiento inmobiliario, la falta de sistemas para tratar las aguas contaminadas, escasez de agua para el consumo humano, etc.). Estas condiciones también favorecen la explotación laboral de personas migrantes que se trasladan a la zona buscando una opción de vida[3].
En la zona también han aumentado significativamente los casos de violencia sexual contra las mujeres. De acuerdo con el Movimiento Feminista de Santa Teresa, se contabilizan al menos 25 casos de violencia sexual a mujeres (turistas y residentes) durante este último año. Sin embargo, ante la fiscalía correspondiente aparecen únicamente 15 denuncias interpuestas por la misma causa desde el 2018[4].
Si las mujeres bajaran los brazos, el cielo se caería.
Proverbio Africano
Ante el femicidio del 2018 las expresiones reflejaron la consternación colectiva. Hubo hombres que enfrentaron a los atacantes y los golpearon antes de entregarlos a la policía. También hubo reuniones y marchas espontáneas. Hubo rabia, mucha rabia sobre todo porque este femicidio quedó en la impunidad[5].
“Yo estaba ese día en la fila del banco cuando vi pasar la marcha, y los hombres de la fila decían como burlándose, “ahí van las feministas”, y yo pensaba, que debería estar ahí. No las conocía, pero solo sentía ganas de salirme y meterme en la marcha” (Testimonio de mujer organizada de Cóbano).
El femicidio de María Trinidad Matus Tenorio tristemente representó un hito en la historia del movimiento social en la península, como una chispa que encendió la rabia latente de una problemática que venía ocurriendo de manera sistemática desde años atrás. Aunque el Estado no lleva estadísticas, las mujeres se han organizado para contabilizar y denunciar lo que enfrentan.
Alianzas feministas
A inicios del año 2023 desde la Colectiva por el Derecho a Decidir tuvimos un primer encuentro con las integrantes del Movimiento Feminista de Santa Teresa, MFST, una de las organizaciones que surge a raíz del ignominioso crimen. Escuchar con detalle la realidad que enfrentan las mujeres en Santa Teresa cotidianamente, tanto turistas como locales, resultó desgarrador. Aun cuando tenemos claro el escenario de riesgo que representa para las mujeres y cuerpos feminizados este país, tan paradisíaco como inseguro.
Nuestras nuevas aliadas en la lucha antipatriarcal nos compartían sus preocupaciones sobre la urgencia de problematizar el concepto de “consentimiento” dentro del imaginario social de la población costera en cuestión. Sin embargo, aquello solo representaba la punta de un odioso iceberg.
La organización de las mujeres de la costa fue contundente e imparable. No solo surge el MFST, se unieron mujeres de Montezuma, Manzanillo, Tambor y Cóbano. Juntas iniciaron un proceso de incidencia ante el gobierno local de Cóbano para la apertura y financiamiento de la Oficina de la Mujer – OFIM, para esto se crea ASOPROM, un comité de apoyo para la OFIM. Poco a poco se han integrado a otras instancias institucionales, como la Asociación de Desarrollo Integral y en la actualidad se encuentran trabajando articuladamente con redes interinstitucionales. Son un grupo de mujeres de diferentes nacionalidades y diversas experiencias vitales. La organización no ha sido sencilla. En el camino han surgido los conflictos endémicos del movimiento de mujeres, como la clásica disyuntiva entre quienes se identifican como feministas y quienes no.
“Al inicio éramos muchas, luego como seis, pero van y vienen, es como una marea, según lo que esté sucediendo” (MFST).
Redes de cuido de violadores
Uno de los aspectos de mayor preocupación es la normalización de la violencia sexual contra las mujeres en Santa Teresa. El nombre de los sospechosos se repite una y otra vez en las denuncias que logran ser interpuestas. A diferencia de la reacción comunitaria de rechazo frente al femicidio en el 2018, actualmente lo que destaca es la tolerancia de la gente del pueblo ante lo que acontece. Se sabe quiénes son, se sabe cómo operan, es algo que ocurre a vista y paciencia de la gente.
El MFST ha apoyado a muchas mujeres a poner la denuncia ante la fiscalía correspondiente y por ello, han enfrentado en su propia piel, la indiferencia, revictimización y desprecio que también ha caracterizado la respuesta institucional.
Esto nos lleva a otro de los hitos relevantes para el Movimiento Feminista y de Mujeres de la Península: cuando las instancias judiciales “dejan suelto a Bala”[6] uno de los hombres con más denuncias por parte de las víctimas de violencia sexual. Dentro de las cuales hay incluso una menor de edad.
Bala fue denunciado por cuatro jóvenes extranjeras que sufrieron un ataque sexual mientras se encontraban de intercambio escolar en la zona. Su modo de operar es reconocido, llegan a los bares más populares, escogen a su (o sus) víctima (s), les ponen droga en la bebida y cuando ellas están en condiciones de completa pérdida de control, las sacan del lugar y las trasladan donde pueden agredirlas sexualmente.
Según la narrativa popular, las mujeres se buscaron la violencia sexual por ir a un bar, por viajar “solas” (sin un hombre) o por tomar bebidas alcohólicas en el espacio público. Por lo tanto, desde estos parámetros tan propios de la cultura patriarcal, ellas se lo merecen. Según palabras de activistas organizadas de Santa Teresa, “nunca se creen que esté mal lo que el tipo hace, porque se ve cómo se las lleva sin resistencia. Porque no están golpeadas, no pasó nada según la gente … la idea del consentimiento está tan atrasada culturalmente, porque no hay educación sexual”.
Pero hay mujeres decididas a no callar más y cambiar el orden de las cosas. Cuando a Bala lo liberaron, habiendo agredido incluso a una menor de edad, las mujeres de Santa Teresa espontáneamente realizaron una marcha de protesta hasta la casa del acusado y ese quizá sea el único acto de justicia respecto a este caso. Pues la acción valiente y decidida de las manifestantes fue grafitear: violador, en la puerta de su casa. Esta acción sin embargo fue duramente criticada por algunas personas de la comunidad quienes señalaron a las manifestantes como violentas.
“Una chica del pueblo hizo una publicación en redes, culpando a las víctimas, diciendo que el problema eran las extranjeras que venían a emborracharse aquí; y es una de las publicaciones que más ha sido compartida por gente del pueblo”.
Pero la red de cuido de los violadores no acaba ahí. Como ya fue mencionado, las autoridades del Estado costarricense, que tienen el deber y la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas en general, no son aliadas en esta causa. Las activistas del MFST lo han constatado una y otra vez en la respuesta del Poder Judicial. Presenciando escenas como la que describimos a continuación,
“Cuando lo dejan libre al Bala por la violación de las cuatro chicas, una de ellas con una condición de asperger, el mismo juez le da una palmadita en la espalda al tipo y le dijo, “no se preocupe, más adelante usted las demanda a ellas por calumnias”” (MFST).
El grado de insensibilidad es severo. No hay ninguna empatía con las víctimas. No quieren tomar las denuncias, porque dicen que al ser extrajeras se van a ir y el proceso queda inconcluso. Desde el movimiento de mujeres, ha tenido que generarse mucha presión para lograr que se realicen las audiencias de modo virtual (hasta hace dos meses se logró la primera). Para que las víctimas extranjeras que han retornado a sus respectivos países puedan proseguir con su denuncia. Lo que pone en evidencia el incumplimiento de los deberes Estatales, pues al parecer omiten el uso de recursos jurídicos como el anticipo jurisdiccional de prueba (que le permite a la víctima dar su testimonio antes de salir del país).
“Que una persona que trabaja en el Poder Judicial no tenga sensibilidad con el tema ni sepa de perspectiva de género, es inaceptable”, concluye una de las activistas del Movimiento.
El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en Costa Rica es una deuda, una afrenta y una burla a nuestros derechos humanos. La problemática es estructural, “es que desde la persona que trabaja en el bar, hasta quien toma la denuncia, es una cadena de complicidades” (MFST).
Esta realidad no es exclusiva de Santa Teresa, no. Las agresiones sexuales contra mujeres en zonas turísticas costeras es un hecho innegable. Algunos de estos ataques han terminado en femicidios, lo sabemos porque las organizaciones de mujeres hacen las denuncias y hemos visto algunos de estos casos escalar a tal punto que los gobiernos de turno se han visto obligados a reaccionar públicamente[7]. Sabemos, también por las organizaciones que un importante número de las víctimas no llegan a poner la denuncia, muchas veces porque la sociedad las ha convencido de que fue su culpa. Aunque ellas sean las víctimas.
¿Puntos seguros?
En la actualidad, el Movimiento de Mujeres y Feministas de la Península ha creado sus propios protocolos de atención, que incluyen no solo acompañar a la víctima a poner la denuncia, sino aprender a denunciar al que te toma la denuncia, porque lo hacen mal a propósito, según señalan las activistas.
Este potente movimiento autogestionado ha logrado la apertura de su OFIM, otro hito en su consolidación. Han iniciado la articulación con personas clave dentro de las instituciones públicas y con las redes interinstitucionales que operan desde la formalidad. No ha sido sencillo y no parece que vaya a mejorar pronto. Pero desistir no está en la agenda.
Una reciente campaña impulsada por el Instituto Nacional de las Mujeres son los llamados Puntos Violeta[8], y también ha llegado hasta las costas. Es un sistema de identificación de comercios que se comprometen a resguardar la seguridad de las mujeres que estén en peligro de violencia, no se reciben denuncias, se les brinda la información para denunciar (en teoría). Para ser un Punto Violeta los comercios interesados deben recibir una capacitación y poner un rótulo que les identifique como lugar seguro.
“Esta es una idea que teníamos antes que el Instituto Nacional de las Mujeres viniera con los puntos seguros, nosotras ya estábamos trabajando en esto, construir espacios seguros para las mujeres y poner alguna identificación” (MFST).
Sin embargo, aunque suena muy bien, coincidimos en el análisis crítico que hace el MFST de este proyecto, “¿Qué es un espacio seguro?, es que en realidad solo sirve para que se hable del asunto, pero si algo pasa, acá no hay instituciones que respondan, en realidad lo que están haciendo es dejar la seguridad al pueblo”.
Esta campaña es un ejemplo de cómo el Estado traslada la responsabilidad que tiene como garante de los Derechos Humanos, de toda la población. Y la deposita en la población. Sin duda es una gran idea. Pero se requieren políticas públicas que toquen el fondo de la cuestión. Se necesita soporte institucional sensibilizado y con formación en perspectiva de género, presente en el contexto, para empezar.
El cambio cultural tan urgente y necesario que debiera impulsar el Estado, parece muy lejos de concretarse. En general la gente del pueblo no se implica en resolver la problemática, “porque hablamos de esto, nos dicen las violentas” (MFST).
Por el contrario, las activistas de Santa Teresa han recibido incluso amenazas de muerte por parte de personas allegadas a los agresores sexuales.
Desde la Colectiva por el Derecho a Decidir seguiremos acompañando esta lucha, que es de todas, y continuaremos denunciando las atrocidades sistemáticas que atentan contra nuestra integridad física y emocional. Las mujeres nacimos para ser libres y no nos cansaremos de decirlo con toda la fuerza ancestral que nos habita.
El Estado costarricense debe garantizar la seguridad de todas las personas, también de las mujeres, no importa dónde hayan nacido. La imagen mundial de Costa Rica como país ecológico y pacífico realmente es puro marketing. Quienes acá vivimos, lo sabemos de primera mano. Pero no estamos dispuestas a naturalizar ninguna forma de agresión contra las mujeres. Por eso es importante hablar y advertirnos unas a otras sobre lo que viene sucediendo, no para cargar con culpas como la que tristemente manifiesta Elena Varadé, al inicio de este texto, sino para organizarnos y actuar.
[1] Dolor y rabia tras el asesinato de una joven turista mexicana en Costa Rica: “Viajar solas no debería ser ningún peligro” | CNN
[2] The Ultimate Guide to Surfing Santa Teresa – Surf Atlas (thesurfatlas.com)
[3] La precariedad de Santa Teresa la viven los locales | Fotos | Planeta Futuro | EL PAÍS (elpais.com)
[4] Desidia del OIJ y la Fiscalía perpetúa agresiones sexuales contra mujeres en Santa Teresa, denuncia la comunidad – El Observador CR
[5] Crimen de María Trinidad Matus quedará impune: Tribunal rechazó apelación a absolutoria de acusado – Delfino.cr
[6] Su nombre es Andrés Picado
[7] Inamu presentó propuesta para la atención inmediata de la violencia sexual en el Caribe Sur – Presidencia de la República de Costa Rica
Albasud – Violencia sexual y de género en el contexto turístico
ICT e INAMU lanzan programa para mujeres viajeras – Instituto Costarricense de Turismo | ICT
[8] El gobierno presenta el “Punto violeta”: un lugar seguro para las mujeres – Observatorioviolencia.org
