Por: Data Crítica

La bahía que todo lo tiene

En un mismo día, al caminar por la bahía de Ohuira en Topolobampo, Joel Ulises Pinzón puede encontrarse con alguna de las cuatro especies de tortuga mexicana en peligro de extinción, avistar un delfín nariz de botella, o pescar directo del mar: camarón blanco, azul o pata amarilla.

“Hace años leí un artículo que se llamaba ‘Topolobampo: la bahía que todo lo tiene’. En Topolobampo tú sales de tu casa, llegas a la orilla del mar, tiras la piola y es seguro que te vas a encontrar con cualquier pez que puedes llevar a tu mesa para brindarle los alimentos a tu familia”, dice, en entrevista con Data Crítica.

Joel es síndico de Topolobampo, en la costa del Pacífico del estado mexicano de Sinaloa. Representa a la gente de este puerto y de once comunidades más. Es joven y habla con amor de la bahía y de todo lo que la rodea. En “la bahía que todo lo tiene” se obtienen 900 toneladas de camarón al año y, junto con lisa y pargo, la bahía da también soberanía alimentaria a entre 4 y 5 mil familias pescadoras.

Pero un banco alemán, KFW-Ipex Bank, co-financia en este paraíso un sediento depredador del ecosistema del que depende toda esa vida: una planta de amoníaco anhidro. Este peligroso químico no tiene agua en su estado puro, por lo que al liberarse busca desesperadamente extraerla de lo que encuentre a su paso: ojos, pulmones y otros órganos, quemando y asfixiando al contacto. En caso de una fuga, presenta riesgos para la vida de hasta 400 mil personas.

La planta pondría en peligro, también, el inicio de la cadena alimentaria en la bahía, amenazando con arrebatar agua limpia y tirar en la zona un coctel tóxico que provocaría cáncer a la fauna. Debido a estos riesgos, más de un millón de personas en México y, recientemente, en Alemania, han firmado una petición en línea para que el banco retire su financiamiento y el proyecto sea cancelado.

“En pocos lugares es posible salir de tu casa, poder ver el mar, poder ver la tranquilidad que tiene esta bahía. Aquí hay un santuario de lobos marinos y otra reserva natural, apenas a veinte kilómetros. También es zona de paso de orcas y otras ballenas, y se encuentran distintas especies de tiburón. Además, hay un santuario de aves conocido como Cerro del Farallón”, cuenta Joel Pinzón con orgullo.

La bahía de Ohuira es el corazón de un cuerpo lagunar de más de 22 mil hectáreas lleno de humedales protegidos. Es una superficie de agua del tamaño del doble de uno de los lagos más extensos de Alemania, el Müritzsee. Al ser protegida por montañas, en la bahía el mar no golpea, sino que descansa, permitiendo que se reproduzcan y crezcan 109 especies de peces, cuatro especies de tortuga en peligro de extinción, cinco especies de aves y cuatro tipos de manglar protegidos. Por la bahía pasa el 85 por ciento de todas las aves migratorias que pasan por México. Las especies que crecen en sus riberas, protegidas de las mareas altas, alimentan luego al mar de Cortés en la región mayor del Golfo de California, que genera el 70 por ciento de la producción pesquera mexicana.

Este tesoro no se mantiene solo en el vacío. Si el sistema lagunar es un cuerpo, las y los Yoreme son sus defensas.

“Aunque Topolobampo fue fundado formalmente en 1886, el pueblo Yoreme ya estaba asentado desde mucho antes en este lugar. Y la bahía siempre ha sido un sitio sagrado para su gente. Los humedales tienen la mayor importancia, porque son las ‘guarderías’ de los animales marinos”, explica Joel Pinzón.

La bahía no solo alimenta a la población local y contribuye a la de México, sino que es de relevancia ecológica global, un “sitio Ramsar”. Estos sitios actúan como órganos vitales que purifican el agua filtrando residuos químicos y capturan 10 veces más carbono que cualquier bosque terrestre. En su interior, sus aguas calmadas protegen el flujo de nutrientes que luego son bombeados rítmicamente por la marea hacia el Mar de Cortés, alimentando a los océanos y regulando la presión del clima global. En fin, se comportan como el sistema circulatorio del clima mundial. Destruir este sistema es provocar una arritmia climática que está conectada con catástrofes como inundaciones y olas de calor, cuya frecuencia se ha duplicado en los últimos 35 años, de acuerdo con organismos internacionales.

Yoreme, el nombre del pueblo indígena que vive aquí desde hace siglos, significa “la gente de la ribera que respeta la tradición”. Para las personas blancas, los Yoreme tienen otra palabra: yori. Significa “el que no respeta”.

Topolobampo, la lucha internacional y los “pañitos de agua tibia” del banco

Joel Pinzón, activistas de Sinaloa, pescadoras y autoridades Yoremes fundaron juntos el movimiento “¡Aquí No!”, que ha logrado ralentizar el avance de la planta durante más de una década. Un juicio promovido por la población local llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2022 determinó que el inicio de la construcción fue ilegal, que nació con un “vicio de origen” al no haber consultado al pueblo indígena Yoreme. Sin embargo, luego de una consulta que 11 integrantes de la relatoría especial de Naciones Unidas documentaron como improcedente y plagada de irregularidades, la empresa continuó construyendo, con un permiso que tanto las instancias internacionales como la población local califican como ilegítimo.

En marzo de 2026 sonó en Frankfurt, Alemania, la puerta del banco co-financiante, KFW. Compañeras del colectivo ¡Aquí No! llevaron directamente evidencia de violaciones a Derechos Humanos, incluyendo violencia de grupos armados, documentos ilegales de propiedad de la tierra, intentos de soborno de la población y evidencia de riesgo de muerte para el ecosistema y la población local elaborados por la propia empresa, entre otras, a la que el banco está obligado a responder. 

En ese momento, el banco rechazó retirar el financiamiento. Pero la presión en México y Alemania solo se incrementaron, luego de que en mayo llegaran a México unos “misiles” de Alemania, así llamó la población local a los reactores de alrededor de 30 metros de largo que el movimiento ¡Aquí No! impidió que fueran instaladas. Los videos de los “misiles” circularon rápidamente en plataformas digitales, y así el activismo sostenido durante años en el territorio alcanzó de pronto una dimensión que nadie había previsto. Este año, se sumaron protestas en ciudades alemanas como Köln, además de la capital, Berlín, donde se fundó un capítulo alemán del movimiento ¡Aquí No!, y más actividades artísticas e informativas están planeadas para finales de agosto.

El movimiento ¡Aquí No! invita a escribir al banco respaldado por el gobierno de Alemania, y a las autoridades alemanas de las cámaras de relaciones exteriores y comercio. También hay una campaña de recaudación colectiva para el colectivo en la plataforma Gofundme.

El movimiento ha crecido y reunió más de un millón de firmas en una petición de Change.org, que el banco se negó a recibir en julio de 2026.  Mientras tanto en México la presión llevó a  la empresa encargada del proyecto, Gas y Petroquímica de Occidente, GPO, la filial de Proman AG, en una mesa de negociación que exige que la obra se detenga. La empresa mencionó en ella, de acuerdo con ¡Aquí No!, que hay un nuevo estudio de riesgo en agosto de 2026, pero se niega a hacerlo público.

Esta no es la primera vez que la empresa evade responder tanto a exigencias como a la evidencia que le acercan pueblos indígenas, la población de Topolobampo y organismos internacionales.

Astrid Puente Riaño, relatora de la ONU sobre el derecho a un medio ambiente limpio y sano, forma parte del grupo de personas relatoras que había enviado a finales de 2025 una carta a los gobiernos mexicano, suizo, y alemán, para informar que verificó exhaustivamente que el proyecto afecta gravemente al ecosistema, al pueblo indígena Yoreme y a la población de la zona.

Desde la institución donde enseña en México, la relatora detalla cómo la institución bancaria no mostró evidencia de estar cumpliendo sus obligaciones de verificar en terreno el respeto a Derechos Humanos, mientras que el pueblo y organismos nacionales e internacionales sí presentan evidencia de violaciones graves.

Astrid Puente habla con el lenguaje cuidado de la diplomacia, pero también con la contundencia total que meses de investigación sobre el caso le han dado para respaldar sus afirmaciones. Aclara, por ejemplo, que Proman AG, a través de su subsidiaria GPO, buscó negar que existen pueblos indígenas en la zona.

“La empresa tiene que informar a las autoridades sobre la presencia de población indígena en la zona del proyecto, porque eso incide en las reglas del proceso. Pero vimos que la empresa, en sus propios documentos, niega la presencia de esos pueblos allí”, explica Puente en entrevista.

Y aunque las afectaciones a pueblos indígenas, y a la población mexicana están documentadas, indica, los impactos son globales, no solamente locales.

En la carta en cuya redacción participó ella y 10 relatores más advierten que la construcción y operación de la planta contribuiría al cambio climático, ya que emite más de una tonelada de CO2 por cada tonelada de amoniaco anhidro producido y depende de gas fósil (GNL), y que ya entonces había destruido 21 hectáreas de manglar de valor ecológico inestimable.

Pero tampoco es un tema ambiental solamente. Existe evidencia de violencia armada contra la población local. Si la empresa falla con el paso del tiempo en prevenir las violaciones de derechos humanos en la región de su cliente, podría ser visto como habilitador de esas violaciones de derechos humanos, indica la carta.

“Lo que estamos viendo en este proyecto, que se incluyó también en la carta, es que desafortunadamente en México y en otros países cuando las personas defienden sus derechos, entonces son objeto de amenazas, de retaliaciones. Es importante insistir en que hemos documentado allanamientos, agresiones, intentos de desaparición, etcétera, que son muy graves. Sobre todo quienes defienden el ambiente, el clima y los Derechos Humanos están siendo objeto de ello. Entonces, más allá de los dichos de si es positivo o negativo su proyecto, es importante probarlo, y también es importante evaluar si los impactos negativos son mayores a los beneficios”, explica Puente.

La presión internacional ha tenido un efecto. El banco publicó un escueto comunicado donde insiste en que respeta Derechos Humanos de los pueblos indígenas, cuida el medio ambiente, contribuye con la soberanía alimentaria de México y llevó a cabo investigaciones adecuadas en campo.

Pero la carta de Naciones Unidas, algunas autoridades mexicanas como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, las personas que fundaron el movimiento ¡Aquí No! y las voces de defensoras ambientales de México y el mundo contradicen cada uno de estos puntos.

En Topolobampo, el banco no puede ofrecer “pañitos de agua tibia”, soluciones superficiales a riesgos de muerte ecosistémica, social y cultural, considera Astrid Puente.

“Identificamos una deficiencia en la valoración adecuada y balanceada de información. Esto evidencia y reitera la importancia de que las evaluaciones ambientales y de impacto de los proyectos sean independientes y objetivas. Por supuesto en cualquier proyecto, y esto ocurre en este caso, los inversionistas, las empresas, pues van a defender el proyecto que están proponiendo. Pero ahí es donde es importante que haya una evaluación independiente, adecuada y que la información o los argumentos que las comunidades locales y los pueblos indígenas están presentando esté adecuadamente considerada y balanceada. Por eso también es importante asegurar un espacio seguro para quienes están defendiendo los derechos, porque muchas veces lo que hacen, como en este caso, es acercar información que las autoridades no habían tenido en cuenta y le ayudan a una decisión balanceada”, detalla la relatora.

Son precisamente los daños a los derechos del pueblo Yoreme y a un ecosistema vital los que llevaron la lucha no solo a especialistas como Astrid Puente o a defensores del territorio como Joel Pinzón, sino a un grupo de creadorxs de contenido que están preocupados por su país.

Michelle Arzate es una de ellas. Es una joven ambientalista que relata cómo ha tenido una transformación en su vida. De apoyar campañas de “reciclaje”, que consideran que tiene un efecto limitado en la prevención de la destrucción ecosistémica, ha pasado a hacer comunicación con críticas mucho más profundas del concepto entero de “desarrollo” que empujan gobiernos del Norte global, que concentra las ganancias de megaproyectos en algunas personas mientras distribuye los costos entre muchas más. En ese proceso, se ha hecho de cientos de miles de seguidores en sus redes sociales, y usa esa plataforma para apuntar a cambios estructurales.

“Cuando nos dimos cuenta de que las instituciones mexicanas le han fallado al colectivo y a las comunidades desde hace al menos una década, la narrativa en las redes sociales dejó de concentrarse en las autoridades locales. Empezamos a dirigirnos directamente a la KfW IPEX-Bank, para que el banco supiera en realidad qué está financiando. Ya nos pasó con la empresa Royal Caribbean y su proyecto de un complejo turístico en el pueblo mexicano de Mahahual: la presión social sobre los financiadores puede funcionar cuando el Estado permanece inactivo”, explica, en entrevista.

En el arrecife de Mahahual se combinaron el litigio estratégico, la presión pública y el análisis de riesgo, de forma parecida a Topolobampo. El resultado fue que Royal Caribbean retiró su megaproyecto. Por eso, activistas de ¡Aquí No! llaman a la gente en Alemania a escribir cartas, etiquetar a la KfW.de en redes sociales, firmar la petición en línea y apoyar financieramente al movimiento ¡Aquí No! 

Recientemente, la organización ambientalista Fridays for Future en Alemania y Greenpeace en México también se han sumado a la campaña que niega las aseveraciones del comunicado del banco.

“La empresa (Proman AG) no respeta ni que este sea un sitio Ramsar, que no debería tocarse, ni los derechos humanos de la población. A los indígenas que viven aquí los tratan con violencia y no los escuchan, y eso desde hace 10 años”, señala Michelle Arzate.

Y la evidencia del daño se va sumando sobre la mesa de especialistas.

Las estimaciones de la investigadora del Instituto Politécnico Nacional Diana Escobedo, que estudia la población local de camarón desde 1987, calculan que la pesca ecológica de pequeña escala que hoy todavía existe disminuiría al menos 60 por ciento cada año con la planta en operación. Por otra parte, cada vez más estudios científicos vinculan el uso de fertilizantes químicos con el empobrecimiento a mediano y largo plazo, de la fertilidad de la tierra.

“No se está tomando en cuenta el hecho de que la misma comunidad ya vive, de por sí, con soberanía alimentaria. Entonces la pregunta es: ¿Para quién? ¿Para quién es esa seguridad alimentaria? Aquí estamos hablando de una sustancia que es base para fertilizantes químicos. Y esos fertilizantes están estrechamente ligados a los monocultivos”, explica Arzate.

Además de a los pueblos indígenas, los estudios de la empresa también negaron la existencia de las especies protegidas que los pescadores ven todos los días, especies cuya desaparición el propio proyecto terminaría provocando. Porque la planta misma, como el amoniaco anhidro, también es una bestia sedienta de agua: succionaría diariamente 48 mil metros cúbicos de agua de mar para enfriamiento, tanto como consume la ciudad alemana de Bonn en agua potable al día, provocando un enorme daño al ecosistema.

Después de aspirar agua violentamente, dragando y dañando el suelo marino, devolvería las 24 horas un cóctel tóxico: agua con el doble de salinidad actual de la bahía, residuos de cloro que, según los propios documentos de la empresa, son cancerígenos para la fauna, y agua cargada de nitratos. Caliente y pesado, ese cóctel se hunde hasta el fondo marino y asfixia algas, moluscos y larvas de camarón: el inicio de la cadena alimentaria de la que depende no solo toda la fauna de la región, sino también Topolobampo y el pueblo Yoreme de la zona.

“El banco debe entender cómo puede cumplir sus obligaciones de no contribuir al agravamiento de la crisis climática ni a la contaminación tóxica. Deberían ver cómo, en cambio, pueden ayudar a que las inversiones formen parte de la solución. Lamentablemente, hoy existe una dependencia excesiva de sustancias tóxicas como el amoniaco anhidro para la producción de alimentos, cuyos efectos graves ya se están mostrando incluso a corto plazo, pero definitivamente también a mediano y largo plazo”, afirma la relatora Astrid Puente.

En agosto de 2026, una mesa de negociación con el colectivo ¡Aquí No! logró que la empresa considerara seriamente por primera vez los riesgos para la bahía. Sin embargo, el proyecto en sí mismo ya es destructivo en su totalidad, advierten las organizaciones. La empresa había ofrecido solamente cambiar la zona de vertido de residuos a “fuera de la bahía”, sin aclarar dónde.

Producto para exportación

Aunque GPO argumenta que la planta garantiza la soberanía alimentaria de México, para la empresa Proman AG establecerse en Topolobampo es, ante todo, una estrategia de exportación ligada a la presencia de gas fósil. La compañía privada busca exportar el 80 por ciento del amoniaco a Asia y a Estados Unidos, ahorrándose el costo de cruzar el Canal de Panamá. Al anunciar el préstamo garantizado por Alemania, Philipp Kielbassa, empleado de KfW-IPEX-Bank, declaró además que toda la producción sería comercializada por la empresa estadounidense Koch Fertilizer LLC, de acuerdo con el comunicado de la empresa antes citado.

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano firmó un contrato para venderle a la empresa, durante los próximos 15 años, gas de fracking por dos mil millones de dólares, lo que es un incentivo para el gobierno mexicano, más allá de la producción del producto químico.

En caso de fuga, la planta se convertiría prácticamente en una bomba química. Los propios documentos de la empresa enumeran más de 40 escenarios de riesgo. Doce de ellos son considerados por el mismo estudio como “inaceptables”, porque podrían implicar la muerte de personas, flora y fauna; y algunos tienen probabilidad de ocurrir varias veces o incluso anualmente. Según estándares internacionales, solo por los riesgos de construcción y operación, el proyecto mismo tendría que clasificarse como “inaceptable”. La razón: la planta está sobre suelo sísmicamente activo. Se ubica en una zona de huracanes. Y está situada en un territorio bajo control de grupos criminales organizados.

Pero las amenazas a la vida que representa este proyecto no son solo proyecciones futuras: quienes se oponen a él ya enfrentan amenazas y violencia desde ahora. Cuando las máquinas comenzaron a destruir los manglares, un grupo de pescadores intentó impedir que la empresa siguiera.

“Se reunieron como 30 compañeros y quisieron bloquear el trabajo de las máquinas, pero después de que estuvieron ahí como dos horas, aparecieron hombres armados enviados por el gobierno del estado de Sinaloa y les pidieron que se retiraran del lugar, y por miedo los compañeros se retiraron”, recuerda Joel Pinzón.

Desde entonces, la violencia y las amenazas de muerte no han cesado. A finales de 2021, Joel Pinzón recibió la visita de otro grupo armado.

“Eran como cinco camionetas pick-up, pero solo se bajaron dos personas. Se me acercó gente armada y me dijo que no les gustaría tener que matar a alguien de Topolobampo para que los demás se calmaran”.

Las violaciones a derechos humanos que también documentan lxs relatores de la ONU incluyen esta amenaza de muerte, además del desplazamiento forzado de Pinzón fuera de su comunidad, el intento de desaparición forzada y demandas de la empresa contra personas defensoras de derechos humanos. En junio de este año, después de las movilizaciones masivas en México y de las manifestaciones en Alemania, las intimidaciones continuaron, denuncian las y los defensores.

La lucha en Topolobampo, y ahora también en Alemania, es más fuerte que nunca. Las intimidaciones no han detenido a las personas defensoras de derechos humanos. El hecho de que un banco público, respaldado por el gobierno y fondos públicos, financie el proyecto, le da a la población en Alemania una posibilidad concreta de actuar: exigir a la KFW-IPEX-Bank que cumpla con su responsabilidad de verificar las violaciones de derechos y que retire el financiamiento a un proyecto que, de acuerdo con testimonios y con documentación nacional e internacional, tiene rasgos criminales.

Los gobiernos de Alemania y México, las financiadoras y la empresa de Proman tienen en Topolobampo, de acuerdo con Astrid Puente, la relatora especial de la ONU por el Medio Ambiente, una oportunidad de aprendizaje única.

“Este caso ofrece una lección importante, tanto para las autoridades en México como para inversionistas, empresas y bancos en Alemania: en proyectos como este, las consecuencias para el clima, el medio ambiente y los derechos humanos tienen que considerarse desde el inicio. El derecho a un medio ambiente sano está reconocido internacionalmente. Por eso hacen falta evaluaciones ambientales y procedimientos de autorización cuidadosos, que también tomen en cuenta los impactos en el agua y en las comunidades indígenas”.

Mientras tanto, Joel Pinzón sigue exigiendo lo mismo que su movimiento exige desde hace diez años: “¡Aquí no!”. Por el futuro de sus hijos, de su pueblo y del pueblo Yoreme, y para que el mundo entero tenga la posibilidad de visitar y admirar estas lagunas. Exige una bahía de Ohuira que comparta su riqueza natural a quienes la cuidan, la visitan y la rodean, e invita a la población en México y Alemania a seguir apoyando la defensa del territorio en la Bahía de Ohuira.

Joel Pinzón lanza una invitación doble al pueblo alemán: para que miren por sí mismos que la gente come del mar, y que se puede disfrutar la bahía, pero también para que pongan frente a sus ojos esta arteria de vida, y comprendan lo que significa que un depredador sediento les quite toda su agua.

“Pues aprovechamos, ¿no? Invitamos a toda la comunidad alemana que quiera venir, verlo y disfrutarlo. Pero también para que vean cómo muchas veces el dinero que es administrado a través de sus gobiernos, a través de sus instituciones, pues vienen a afectar, cambiar por completo la vida que tiene aquí la gente. Porque queremos dejarles a nuestros hijos un Topolobampo donde puedan respirar aire fresco, donde puedan disfrutar de los mariscos, donde puedan seguir viendo los delfines, donde puedan seguir disfrutando de las playas, que sepan que no es un lugar contaminado, que sepan que es un lugar seguro y que sepan que fue su familia la que luchó por ello”, dice, tajante.