Minas de Barroterán, Coah.- Cristina Auerbach Benavides camina por el lodo negro alrededor de las minas, pozos y tajos clandestinos que han causado la muerte de más de dos mil mineros en la mayor región carbonífera, productora del 95 por ciento de la reserva de México.
Usa botas de hule y conoce a la perfección la zona, que parece olvidada por casi todos. Cristina ha recorrido estos caminos con 50 grados de temperatura durante el verano y tres bajo cero en el invierno, para descubrir, exhibir y denunciar a los llamados “coyotes” del carbón. No hay nada que la detenga. Su espíritu de lucha y compromiso social son inquebrantables.
Dirige la Organización Familia Pasta de Conchos desde el derrumbe en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, con un saldo de 65 mineros muertos que permanecen enterrados debido a la negativa del Grupo México a rescatarlos.
Cristina fue aglutinando más de 600 familiares directos de esos mineros: hijos/as, papás, mamás, hermanos/as, tíos/as, abuelas/os) afectados por la tragedia. Pero muy pronto ese número aumentó con el siniestro de la Mina Lulú y otras muchas.
La dimensión de la tragedia era tal, que hace cinco años decidió venirse a vivir a este centro neurálgico de la minería mexicana, impulsada por el alarmante incremento de muertes y el llamado “genocidio” de mineros, a consecuencia de la impunidad que cubre a empresarios, concesionarios y coyotes del carbón que no cumplen con las medidas de seguridad necesarias: “Comprendí que para lograr cambios había que trasladarse a vivir aquí, dejé el Distrito Federal para estar con los mineros y sus familias y vigilar las minas”, dice Auerbach Benavides.
Su vida dio un vuelco en términos personales, pero gracias a su presencia y vigilancia, logró disminuir el número de mineros muertos y consiguió la clausura de decenas de pozos y tajos clandestinos, donde han muerto cientos de mineros a consecuencia de una política inadecuada de seguridad de las empresas y la falta de supervisión del Estado.
Muy pronto se dio cuenta de las complicidades entre empresarios y coyotes del carbón y de la vinculación directa con la mafia del Estado a través de Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), cuyo presidente es el gobernador Rubén Moreira.
Descubrió que a las autoridades ni a los empresarios les importaba la vida de los mineros y fue contabilizando a los mutilados y los heridos, además de acompañar a las familias a sepultar a sus muertos.
Desde la sociedad civil, logró revertir esa especie de “destino manifiesto” de muerte y destrucción en el que estaba sumida la sociedad de la carbonífera y empezó a combatir a la mafia del carbón, denunciando sus delitos y exhibiendo su corrupción.
Desde que llegó a esta región, ha recorrido los pueblos devastados por el daño ambiental ocasionado por un indiscriminado uso de suelo, que los ha convertido en auténticos basureros ecológicos, a consecuencia de una industria voraz sostenida en un moderno sistema de esclavitud laboral para extraer más de 3 mil millones de toneladas de carbón al año.
Durante todos estos años, fue buscando los miles de pocitos clandestinos de carbón, tiros verticales de 100 metros de profundidad donde encontró trabajando a menores de edad, en condiciones infrahumanas, y donde han muerto cientos de mineros. La extracción de carbón artesanal e industrial, sin condiciones de seguridad, había generado miles de pocitos.
Gracias a su tenacidad y denuncia, fue exhibiendo a los llamados “pozeros”, empresarios del carbón sin escrúpulos, y exigiendo la clausura definitiva. Finalmente, los pocitos fueron cerrándose, pero ahora se han convertido en tajos o minas ilegales, otro tipo de minería igualmente precaria, insegura y peligrosa.
Fue entonces que Cristina se enfrentó a la mafia del carbón. Y buscando minas y pozos ilegales, llegó a Cloete, en donde un coyote del carbón construyó un tajo en medio del pueblo arrasando con todo, y argumentando que era dueño de las casas de 4 mil vecinos.
Se trata de Álvaro Jaime Arrellano, primer regidor del ayuntamiento de Sabinas por el Partido del Trabajo (PT), es juez y parte en la extracción ilegal del carbón, y se otorga los permisos falsos y labora con una concesión vencida de la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía. Él, el alcalde Lenin Flores, y el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, como presidente de Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), y otros funcionarios y empresarios, forman parte de una red de corrupción para la extracción ilegal de carbón.
Cloete es un pueblo minero que luce devastado, rodeado de tajos, minas de carbón a cielo abierto. Los enormes terreros y desperdicios del mineral ofrecen la imagen de una zona de guerra.
Cristina se enfrentó a esta red de corrupción y junto a los vecinos y familiares de mineros abrió una sucursal de Pasta de Conchos en Cloete. Fue así, como lograron detener la extracción de carbón ilegal en una zona habitacional.
Desde entonces, Álvaro Jaime ha iniciado una campaña de difamación contra ella a través de medios de comunicación afines. Él y otros integrantes de la mafia del carbón han sostenido un acoso continuado que ha puesto en peligro su vida.
El 29 de marzo de 2016 fue intimidada y amenazada por un grupo de personas, que decían ser periodistas, cuando salía de su oficina en Cloete: “¿A quién acuden los vecinos afectados? Las autoridades son parte del problema porque son los dueños de la extracción ilegal del carbón”, dice Cristina quien a pesar del acoso, la campaña de difamación y el acoso continúa con su trabajo bajo el asedio de la mafia del carbón.
Relacionados
