La semana pasada, en Hamburgo, Fredy Vargas Chavarría, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, contraparte de la Fundación Rosa Luxemburg en Costa Rica, y Tannia Falconer, coordinadora de proyectos en México de la RLS, criticaron el llamado “capitalismo verde” que se trata de implantar en nuestra región.
En la conferencia que se realizó el jueves pasado, ambos cuestionaron el “Green New Deal”, considerado como un proyecto de esperanza para combatir el cambio climático. Evidentemente, este planteamiento oculta que los proyectos de energía limpia, promovidas por el mismo sistema capitalista, traen consigo graves implicaciones, entre ellas, despojos de tierras a comunidades autóctonas, así como la criminalización de protestas por la defensa de recursos naturales.
Tannia Falconer subrayó que la economía que se hace llamar “verde” es “la más perversa de todas, pues no propone un cambio de fondo en el modelo de producción y consumo capitalista, sino un cambio en el tipo de productos que le sigan generando los suficientes ingresos para poder mantenerse en la misma dinámica”. Falconer considera que el capitalismo verde implica un reto para los poderes del sistema pues por principio no se puede resolver el antagonismo entre el sistema capitalista, dedicado a producir con dinámicas de crecimiento económico infinitas, y un planeta que cuenta con recursos limitados, los cuales se explotan en dicho modelo productivo. Concluyó que las nuevas técnicas como los agrocombustibles, los proyectos hidroeléctricos y parques eólicos no son la solución para frenar el cambio climático y sus consecuencias, sino como el intento de enfrentar dicho dilema por parte de los mismos grupos de poder que siguen buscando mayores ganancia, siempre con el interés de mantener el status quo dentro del actual modelo capitalista.
Fredy Vargas expuso el caso de la presa Diquis, en Costa Rica, modelo ejemplar de las tendencias productivas mencionadas. El conflicto radica en que la presa, que se ubicaría en un embalse de más de 6.000 hectáreas en el sur de Costa Rica, afectaría negativamente en la forma de vida de los pueblos indígenas y campesinos de la región centroamericana. Los movimientos sociales de la región advierten que se trata de “un proyecto pensado únicamente para enriquecer a grupos de poder nacionales e internacionales con los recursos del pueblo”.
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica había impuesto un plazo de seis meses para realizar una consulta en las comunidades sobre el proyecto, que por definición supondría una lógica ajena a la realidad indígena, y el imponer su construcción negaría su principio participativo comunitario. La fecha límite no deja ninguna posibilidad para que los pueblos afectados se preparen y definan sus propias modalidades de representación. De hecho, antes de iniciar cualquier proceso de consulta, comenzaron los estudios técnicos para el proyecto PH Diquis, hecho que también criticó el Relator Especial sobre los Pueblo Indígenas de las Naciones Unidas.
Frente a esta situación, las organizaciones sociales exigen que cualquier proceso de consulta debe ser una iniciativa surgida desde las comunidades indígenas, de acuerdo a sus costumbres, formas de organización y visión de mundo, donde el Instituto Costarricense de Electricidad, quien pretende construir este megaproyecto, deberá respetar la decisión de las comunidades que habitan ese territorio.
Pero en definitiva, las afectaciones que traería consigo la presa Diqui son sólo un ejemplo más de los impactos sociales y culturales que lleva consigo el “capitalismo verde”.
