CARLOS A. RODRÍGUEZ WALLENIUS
Profesor del Departamento de Producción Económica en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Xochimilco.

Fotografía: “No vamos a permitir que un tren perfore nuestro corazón, lo vamos a denunciar, y si finalmente lo van a hacer, pedimos que no sea en nuestro nombre” –Pedro Uc. Yucatán, 2019. Crédito: Maya Goded, para Desinformémonos.

Los conflictos territoriales fueron uno de los aspectos sociopolíticos que mostraron el nivel de contradicciones entre el proyecto de la 4T –impulsada por Andrés Manuel López Obrador y su estrategia discursiva antineoliberal, así como de izquierda que prometía grandes cambios para México– y las exigencias y luchas en defensa de los territorios, encabezadas tanto por organizaciones como por comunidades campesinas y de pueblos originarios agraviadas por el modelo económico imperante.

Hay que recordar que durante los gobiernos neoliberales se intensificaron los procesos de apropiación y despojo de los territorios y bienes naturales de las comunidades. Empresas y gobiernos les escamotean sus tierras, aguas, minerales, bosques y biodiversidad para implementar una multitud de megaproyectos y actividades económicas: agronegocios, privatización del agua, desarrollos turísticos, obras de infraestructura, extracción minera, apropiación de bosques, etcétera.

Las respuestas sociales a estas formas de apropiación fueron de tal magnitud que, al cierre del 2018, había unas 560 luchas en defensa de los territorios a lo largo y ancho del país.

Por ello, la llegada del gobierno de López Obrador generó expectativas entre organizaciones y liderazgos sociales sobre el posible cambio de muchas de las causas que generaban dichos conflictos, sobre todo por la legitimidad democrática con la cual llegó. Una legitimidad reforzada con la perspectiva de constituir un gobierno de izquierda y ante las críticas que había realizado López Obrador, antes y durante la campaña electoral, contra las políticas neoliberales y hacia algunos megaproyectos como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la Termoeléctrica de Huexca o contra actividades extractivistas como la minería.

Sin embargo, lo que el gobierno de la Cuarta Transformación impulsó fue un tipo de políticas y acciones que podemos caracterizar como neodesarrollistas, en la medida que fortaleció el papel y la intervención del Estado en la economía y en las políticas sociales. El presidente AMLO y su gobierno pusieron énfasis en el crecimiento económico, la soberanía energética, el fortalecimiento del mercado interno, la realización de megaproyectos de infraestructura y el reposicionamiento de empresas paraestatales.

Al promover esta política neodesarrollista, el gobierno de la 4T provocó una dinámica compleja y variopinta en las conflictividades socioterritoriales. No sólo por su posicionamiento frente a las luchas generadas en los gobiernos anteriores y que continuaban activas, sino también hacia los nuevos conflictos emanados de la imposición de diversos megaproyectos, apuesta central de la política gubernamental que fue tensando su relación con organizaciones defensoras de sus tierras y bienes naturales.

Las contradicciones de la 4T respecto a la continuidad de los conflictos de años anteriores tienen que ver con el poder que mantienen las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, beneficiadas por el sistema neoliberal de concesiones y que habían usurpado territorios y bienes naturales de los pueblos. Este es, como el caso de las mineras que mantuvieron o ampliaron su actividad extractivista en este sexenio –a pesar de la prolongada resistencia comunitaria en estados como Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Zacatecas– donde los ejidatarios han exigido detener la extracción o renegociar los acuerdos de arrendamiento de sus tierras.

Esta misma situación se observa con las concesiones a empresas privadas para la producción de electricidad “limpia”, ya sea eólica o solar, apuntalados con la reforma energética del 2013, que otorgó a los productores privados amplios beneficios, pero que castigó a a los dueños de las tierras donde se deberían asentar esos proyectos, generalmente en comunidades campesinas. Esto hizo que se mantuvieran los conflictos socioterritoriales, como en el Istmo de Tehuantepec, o que surgieran nuevos, como en comunidades mayas de Yucatán.

Caso Huexca y proyectos extractivistas

Un caso relevante, que muestra las dificultades del abordaje de la 4T a la continuidad de estas tensiones, fue la lucha en contra de la Termoeléctrica de Huexca, construida por la Compañía Federal de Electricidad (CFE) y que incluye un enorme gasoducto y un acueducto para su funcionamiento. Este conjunto de obras, conocido como Proyecto Integral Morelos, fue impulsado desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y resistido por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), quienes lograron detener la operación de la termoeléctrica en su última etapa a través de amparos legales y un bloqueo al acueducto en la población de Anenecuilco, desde donde se tomarían las aguas del río Cuautla.

La 4T trató de rescatar ese proyecto a través de una consulta en 2019 y ofreció descuentos a los consumidores de electricidad de Morelos. Pero el proceso fue cuestionado y la consulta se polarizó por el asesinato de Samir Flores Soberanes, uno de los dirigentes del movimiento. Esto acentúo el plantón en contra del acueducto, lo que impide actualmente el abastecimiento de agua a la termoeléctrica.

No obstante, algunas confrontaciones generadas en sexenios anteriores fueron desactivadas por mediación del gobierno de la 4T, como el caso de la presa de El Zapotillo, en Jalisco, de la que se acordó limitar la altura de su cortina. Esto evitó la inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que era la exigencia del movimiento.

También está el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, en el que se acuerdan, entre otros temas, los usos, control e infraestructura requerida para el acceso al agua Río Yaqui, uno de los temas de la conflictividad socioterritorial de dichas comunidades originarias. Asimismo, están los resolutivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en contra de proyectos mineros que afectaban a comunidades de la Sierra Norte de Puebla.

Respecto a las actividades mineras, desde inicio del sexenio se suspendió el otorgamiento de nuevas concesiones –una política que disminuyó parcialmente las tensiones por la exploración y desarrollo de nuevos emprendimientos–, aunque se mantuvieron varios conflictos relacionados a las concesiones otorgadas por gobiernos anteriores, que representan cerca del 25% de la superficie nacional.

En cambio, hay experiencias que mostraron el apoyo gubernamental a las empresas que estaban siendo afectadas por la lucha social. Por ejemplo, la planta de Agua Bonafont, de la trasnacional Danone, en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla. En 2021, el Frente de Pueblos Unidos tomó estas instalaciones denunciando que ahí se acaparaba y embotellaba el agua que le quitaban a los pueblos de la zona, y la renombraron como Casa de los Pueblos y espacio de resistencia. Un año después la Guardia Nacional y la policía estatal desalojaron al Frente y le devolvieron las instalaciones a la transnacional.

Tolerancia y fomento del extrativismo

Con estas referencias, podemos decir que, a pesar de su narrativa desde la izquierda, la 4T fue tolerante respecto a mantener las condiciones de funcionamiento de las actividades extractivistas y del sistema de concesiones al conservar, en términos generales, la legalidad del extractivismo y del despojo. A pesar de tener la mayoría en el Congreso de la Unión, no fueron modificadas la Ley Minera, la Ley Agraria o Ley de Aguas Nacionales, por lo que se respetaron las concesiones a las empresas. Aunque hubo casos en los que el gobierno tomó partido por los movimientos sociales, fueron específicos y no una política generalizada.

Respecto a los nuevos conflictos socioterritoriales que provocaron las políticas neodesarrollistas, estas tienen como referente central la construcción de megaproyectos de infraestructura, como los aeropuertos Felipe Ángeles en la Ciudad de México y Felipe Carrillo Puerto en Tulum, la refinería Olmeca en Dos Bocas, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y sus diez polos industriales, el Tren Maya en la península de Yucatán, entre otros. Fueron proyectos que generaron un nuevo ciclo de luchas de las poblaciones por defender los territorios.

Una parte de las tensiones iniciales fueron a raíz de las consultas comunitarias y ciudadanas convocadas por el gobierno para iniciar el Tren Maya y el CIIT, y que fueron señaladas por organizaciones como procesos sesgados, burocráticos y simulatorios, que vulneraron el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos.

Después, cuando empezaron las obras de los megaproyectos, también se manifestaron distintas expresiones de rechazo por parte de organizaciones indígenas y ambientalistas. En el caso del CIIT, colectivos del Istmo de Tehuantepec se opusieron a la modernización de tramos del ferrocarril que afectaban sus terrenos. También fueron cuestionados los diez parques industriales vinculados al tren transístmico, llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar, que generaron procesos de expropiación de tierras, como el caso de Puente de Madera en San Blas Atempa y que han sido rechazados por los comuneros.

En el caso del Tren Maya, organizaciones sociales y civiles de la península de Yucatán y de Chiapas, ante el inicio de las obras del ferrocarril, se manifestaron e interpusieron una serie de amparos debido a sus afectaciones ambientales y fallos en el procedimiento de la consulta.

Sobre la realización de amparos judiciales, se observa que varias organizaciones dieron un giro a sus formas de lucha y buscaron una mayor incidencia para detener las obras, utilizando herramientas del sistema judicial. Como una respuesta a estas trabas, el presidente López Obrador expidió un acuerdo sobre los proyectos y obras gubernamentales consideradas de interés público y de seguridad nacional que permitió blindar los megaproyectos de la 4T y evitar que fueran interrumpidos por procesos judiciales y acelerando, además, las autorizaciones requeridas.

Al final del sexenio, los megaproyectos están terminados o por concluir, lo que nos habla de la capacidad de operación política de la 4T, tanto para anticiparse o para desactivar varios de los conflictos socioterritoriales que se presentaron durante la construcción de las obras. Para ello se usaron mecanismos de negociación realizados por instancias de gobierno con representantes ejidales, con condiciones económicas y la dotación de programas sociales que permitieron realizar expropiaciones concertadas de las tierras para las estaciones, líneas de ferrocarril o aeropuertos. De esta manera, si bien existieron resistencias importantes, éstas fueron focalizadas en algunas de las zonas afectadas por los megaproyectos y, en general, se pudo continuar con la realización de las obras.

Un elemento adicional que ha tensionado las relaciones con las poblaciones es la participación del ejército en la construcción y administración de obras de infraestructura (como los aeropuertos o el Tren Maya), ya que la presencia castrense genera temor e incertidumbre en las poblaciones.

De esta manera, a pesar de que la imposición de esa forma de crecimiento es la que genera los conflictos socioterritoriales, podemos enfatizar que el proyecto neodesarrollista de la 4T impulsó un conjunto amplio de obras de infraestructura, con el objetivo de fortalecer la intervención del Estado, promover el crecimiento económico, generar empleos y crear condiciones para una mayor inversión privada y el desarrollo de las empresas. Es por ello que las resistencias de organizaciones sociales, campesinas y de pueblos originarios se mantuvieron con altibajos durante el sexenio. Estas han defendido sus territorios y bienes naturales frente a las formas de despojo y extractivismo que impulsan viejos y nuevos megaproyectos y actividades económicas.

Escenario del próximo gobierno federal

Es probable el escenario del triunfo de Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Ella se ha manifestado no sólo por continuar el proyecto de la 4T, sino de construir su “segundo piso”. Esto fortalecería las políticas neodesarrollistas sobre la incidencia del Estado, crecimiento económico, generación de empleos, inversión pública y políticas de bienestar, tal y como lo muestra su Proyecto de Nación, donde se subraya la importancia de la construcción de carreteras y líneas férreas, la modernización de los puertos, la ampliación de aeropuertos, la creación de nuevos polos de desarrollo, la construcción de plantas de generación de electricidad limpia, etcétera.

Este énfasis en la realización de obras generará nuevas tensiones socioterritoriales debido a la necesidad de tierras para su construcción, por lo que se pondrá nuevamente a prueba la capacidad de negociar y mediar con campesinos y ejidatarios que estarán defendiendo sus tierras.

Más allá de las posibles políticas del llamado segundo piso de la 4T, un elemento adicional en el contexto internacional actual, que puede influir en la dinámica económica nacional y en los territorios campesinos y de pueblos originarios, es el proceso de relocalización o instalación de industrias en nuestro país debido al conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China. Ello generá una demanda importante de terrenos, agua, materias primas y electricidad para nuevas zonas industriales, sobre todo en la región Norte y Centro del país, pero también en la región Sureste a través de los polos de desarrollo. Una situación que generará conflictos con las poblaciones rurales cercanas a las zonas industriales por los requerimientos de tierra y bienes naturales.

Frente a este contexto, el nuevo gobierno tendrá que mostrar si tiene un proyecto de izquierda que atienda y fortalezca a los sectores de la población que defienden sus territorios y formas de vida o si mantiene la continuidad de las políticas de crecimiento económico, de extractivismo e industrialización.