Fernando Solís. Analista parte del equipo de trabajo de El Observador, que desde 2003 hacen un gran esfuerzo de investigación para mapear el poder y sus relaciones en Guatemala, nos brinda un texto en el que alerta sobre lo mucho que se define, o se definió ya con este proceso electoral. | Foto: Plaza Pública
Las siguientes notas sobre las elecciones generales 2023 se enmarcan en el análisis de la estrategia pro impunidad y pro corrupción total que ha venido ejecutando desde el año 2016 el “Pacto de Impunidad”, cuyo objetivo es consolidar lo que Marco Fonseca ha calificado como el proceso de Restauración Total.
Se ha recurrido al análisis histórico de los elementos que en el año 2011 empezaron a perfilar dicha estrategia y los objetivos implícitos que la han sustentado y le dan orientación. Cabe mencionar que dicha orientación fue reajustada en 2016 tras las jornadas anti corrupción de 2015, que fueron uno de los puntos culminantes para que el gobierno de Otto Pérez Molina y algunos de los ex funcionarios de la plana mayor del desaparecido Partido Patriota (PP), incluyendo a la entonces Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti Elías, fueran a parar a la cárcel. Hasta el momento, los mencionados enfrentan procesos judiciales por su implicación en casos de corrupción de alto impacto que salieron a luz pública por las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).
Casos como “La Línea”, “Cooptación del Estado”, “Bufete de la Impunidad”, “Construcción y Corrupción”, y “Financiamiento Electoral Ilícito”, no solo develaron que la corrupción y la impunidad han sido prácticas históricas que han configurado al Estado guatemalteco, sino también revelaron que no solo los funcionarios del PP eran protagonistas de estos procesos de gran corrupción. En ellos estaban implicados algunos reconocidos empresarios integrantes de las familias y los grupos corporativos del poder oligárquico, militares retirados, funcionarios públicos y operadores que se mueven de los distintos niveles de la institucionalidad pública.
En el presente texto se analiza cómo los Gobiernos de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación, así como el actual Gobierno de Alejandro Giammattei Falla y Vamos, no solo han sido protagonistas sino también artífices para que dicha estrategia avance y se reajuste hasta llegar al momento actual.
Se intenta explicar cómo es que las elecciones generales de 2023 representan el escenario para que dicha estrategia no solo se consolide, sino que avance hacia un estadio superior que busca reformular el modelo democrático instaurado en 1985, para poner punto final al ciclo de los Acuerdos de Paz y consolidar la configuración de un régimen autoritario y neoconservador, en el que el Gobierno que resulte electo, tendrá a su cargo la tarea de cerrar más los espacios de participación política para consolidar un andamiaje legal represor.
Estrategia pro corrupción y pro impunidad total
Esta estrategia empezó a perfilarse alrededor de 2011 con el surgimiento público de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), en la víspera del juicio del exdictador y Jefe de Estado de facto, José Efraín Ríos Montt, quien en 2013 fue condenado a 80 años por violaciones a derechos humanos y genocidio. Desde sus inicios fueron evidentes dos grandes objetivos:
a) Obstaculizar, detener y retrotraer todos los procesos de justicia transicional abiertos contra militares retirados contrainsurgentes –institucionalistas y de línea dura– que conformaron el alto mando militar de los gobiernos de las décadas de 1970 y 1980. Los mismos que diseñaron y ejecutaron la contrainsurgencia, que negociaron los Acuerdos de Paz y que se han mantenido en todos los gobiernos civiles desde 1985 a la fecha, controlando las esferas de seguridad y acusados de graves violaciones a derechos humanos. Ejecutores de la política de tierra arrasada y del genocidio durante la guerra interna. La anulación de la sentencia y retrotracción del juicio por genocidio de Ríos Montt y su Jefe de seguridad, Mauricio Rodríguez Sánchez, así como del impasse existente en otros importantes juicios a militares retirados, como es el caso del “Diario Militar” y el de “Genocidio Ixil”, son algunos avances en este objetivo.
b) Detener la organización y la creciente resistencia comunitaria, contra las mega inversiones que integran al modelo de acumulación y que son implementadas por las familias y fracciones empresariales capitalistas nacionales, en alianza con empresas y grupos de capital transnacional, mediante la ejecución gradual de la política de estigmatización, criminalización, judicialización y represión de la protesta social. Lo anterior a fin de “limpiar la mesa y dejar libre el camino” para el avance y consolidación del modelo de acumulación capitalista que tiene su base en las mega inversiones en monocultivos expansivos de palma africana y caña de azúcar, entre otros, así como en grandes obras de infraestructura para el apoyo de la producción corporativa y en la explotación y mercantilización de las riquezas de la naturaleza como minerales, petróleo, agua, tierra, selva, bosque, oxígeno, etc.
Este objetivo se expresa en el Plan de Desarrollo Katún 2032 con una visión marcadamente neoliberal de control y expansión territorial, así como en el Plan de Reactivación Económica puesto en marcha por el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y Vamos, el cual no se paralizó a pesar de la pandemia del Covid-19.
Gobierno de Jimmy Morales Cabrera y FCN-Nación
A partir de 2016, tras las jornadas anti corrupción de 2015 y con la llegada de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) a la Presidencia de la República, la estrategia se reajustó y se agregó un tercer objetivo a las dos iniciales ya mencionados. A saber:
c) Obstaculizar, impedir y traer abajo los procesos judiciales abiertos en casos paradigmáticos de gran corrupción. Casos que se levantaron contra funcionarios públicos, gobernantes, empresarios corporativos que pertenecen a las principales fracciones del capital nacional y familias oligarcas que integran el G-83, así como contra operadores políticos incrustados en partidos con presencia en el Congreso de la República. También contra personajes que han integrado desde el Gobierno la alianza oficialista y que operan a lo largo y ancho de la institucionalidad del Estado y de los tres Poderes que lo conforman, implicándose en casos de corrupción de alto impacto que fueron investigados y develados de 2015 en adelante por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), para desmontar todo el andamiaje anticorrupción construido desde 2007, con el objetivo de fortalecer los órganos de justicia en Guatemala y transparentar la función pública.
El control de los procesos de selección y elección de los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA) se hizo evidente desde las Comisiones de Postulación de 2009, 2014 y 2019 hasta la actualidad. Dichos funcionarios y funcionarias públicas están por cumplir un segundo mandato de facto. Son parte de ese proceso de desmontaje de la institucionalidad del Estado, entre otros ejemplos, la elección y designación de los Magistrados y Magistradas de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026, la elección de Consuelo Porras Argueta en 2018 como Fiscal General y Jefa del MP para un primer periodo, así como su confirmación para un segundo periodo en 2022 en el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y Vamos, la elección en 2022 de Alejandro Córdoba como nuevo Procurador de Derechos Humanos (PDH) y la de Frank Helmuth Bode Fuentes como nuevo Contralor General de Cuentas (CGC).
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