Por: Patricia Zapata
Foto: Cristian Ordenes, “Maiz“, en Flicker, bajo licencia Creative Commons BY-2.0
Iximulew, expresión maya relacionada con el fin de una era y el inicio de otra, a partir de la celebración del Oxlajuj B’ak’tun, es el nombre de un Frente Campesino que surgió en Guatemala el pasado 15 de abril, en el contexto de la crisis provocada por el coronavirus. Lo integran cuatro organizaciones campesinas de relevancia histórica y social: Comité Campesino del Altiplano, CCDA; Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’orti’ Nuevo DÍA; Comité de Unidad Campesina, CUC; y la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, UVOC.
En los últimos años, el movimiento campesino guatemalteco se ha caracterizado por una gran dispersión y sus contradicciones internas. Las cuatro organizaciones que integran este frente son, sin duda, la expresión del mayor aglutinamiento organizativo. Si bien no agotan la diversidad de organizaciones campesinas e indígenas, su relevancia es innegable, tienen una historia y práctica de lucha que las sitúa como legítimas representantes.
El pronunciamiento con el que el frente sale a la luz pública se titula Economía y agricultura familiar indígena y campesina, una oportunidad para la población guatemalteca. Publicado el 29 de abril de 2020, vía Facebook, su lema “Reactivación con Transformación” hace referencia a la oportunidad que tiene el país para abordar la crisis económica derivada de la pandemia de una forma que no apunte a la normalidad de siempre, tan injusta para estos sectores, sino que podría tener una visión transformadora que tome en cuenta la dramática situación del país, históricamente signada por la pobreza y la exclusión.
El planteamiento es más que pertinente: la pobreza en Guatemala llega a 60% a nivel nacional y, vista por regiones, es de 42.1% en el área urbana y 76.1%. en la rural, donde vive cerca de la mitad de la población. La desnutrición crónica infantil a nivel nacional es de casi la mitad de los niños y en algunos municipios rebasa el 80%. En relación a la exclusión, los indígenas constituyen 42% de los guatemaltecos, según datos oficiales del último censo, condición secular que se expresa en el racismo. En Guatemala, la inmensa desigualdad social y económica junto a la pobreza generalizada es una combinación catastrófica.
Las élites guatemaltecas no ven con buenos ojos a estas cuatro organizaciones. Entre otras cosas, señalan a sus líderes de extremistas y agitadores. Desde esta hegemonía existe un odio ideológico afianzado tanto en la negativa de realizar cualquier esfuerzo para transformar las estructuras económicas y sociales, como en la estigmatización que hacen de las luchas sociales, campesinas en particular, identificándolas como prácticas desestabilizadoras. Por ello prevalece la represión como respuesta, sea extralegal o en el marco de la criminalización de estas organizaciones y sus luchas por los recursos naturales, la defensa del territorio y contra el modelo extractivista, que han agudizado el odio de clase.
Por esto es muy importante su planteamiento, cuyo comunicado afirma que “frente a la situación actual, los pequeños productores agrícolas, las y los campesinos y los pueblos indígenas, estamos llamados a cumplir un papel activo y propositivo ante la sociedad guatemalteca”. Y su madurez política incluso los lleva a declarar que “las organizaciones campesinas que suscribimos esta declaración hacemos un llamado, desde una visión nacional, a contribuir responsablemente a la articulación de amplias convergencias sociales y políticas, señalando al mismo tiempo que el papel de lo público tiene que estar indiscutiblemente presente y en primera línea.”
El Frente Campesino es explícito sobre su intención de unidad social nacional cuando afirma que “las organizaciones campesinas abajo firmantes tenemos propuestas que ofrecer a la sociedad guatemalteca y expresamos nuestra decisión firme y responsable de sumarnos a un esfuerzo nacional para superar la crisis y transformar nuestra realidad nacional y agraria, propósito que nos debe hacer coincidir más allá de las diferencias que podamos tener. Hacemos un llamado a la máxima representación del Estado, al sector privado y a la sociedad civil organizada, a comprometernos todos en una confluencia social nacional para rescatar el agro del atraso secular al que ha estado sometido y enfrentar la presente crisis con directrices que nos incluyan a todos y todas, y que tomen en cuenta el aporte diferenciado de cada uno de nosotros, hombres y mujeres del campo.”
Como se aprecia, sus planteamientos son sumamente incluyentes y trascienden sus justos y legítimos intereses sectoriales para, desde una posición abarcadora, llamar a una confluencia social necesaria en el país. Esa visión estratégica no la consideran contrapuesta a la necesidad de atender las urgencias que se plantean para la población en general y para los campesinos en particular, debido a las medidas sanitarias, que han significado el distanciamiento social y las consecuencias económicas de ello, entre otras cosas.
Cabe recalcar que el abastecimiento alimentario en Guatemala se ha mantenido gracias al trabajo campesino, particularmente de los agricultores familiares: 61% del total de hogares agropecuarios, unos 800 mil. Esto, en un contexto en el cual, según la FAO, 70% de los alimentos que se consumen provienen de la agricultura familiar. Por ello, reconociéndose como sector de gran importancia, reclaman programas sociales para protegerse.
En síntesis, el Frente Campesino Iximulew constituye una esperanza para las luchas sociales en Guatemala y un avance en la propuesta de convergencia nacional, imposible hasta ahora en un país tan polarizado y sectorizado. Para las luchas sociales podría ser el inicio de un proceso de aglutinamiento bajo la construcción de un liderazgo que dé sentido y orientación coyuntural y estratégica. Y es que en 2015, las importantes movilizaciones, en su mayoría de la clase media, que contribuyeron a expulsar a un gobierno corrupto se enfrentaron, pasada la euforia, a una salida de la crisis desde el lado conservador. Mismo que llevó a unas elecciones presidenciales donde se eligió a un cómico de televisión, Jimmy Morales, y la lamentable reversión de los avances contra la corrupción y la impunidad.
La expresión más directa del triunfo de Morales fue sacar del país al titular de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) y al abogado colombiano Iván Velásquez, así como quitar la renovación del mandato a esta comisión que había sentado un precedente.
Está por verse si esta brillante iniciativa rinde frutos, pues entre sus retos tenemos:
- Para las organizaciones campesinas, la consecuencia con las expectativas que han creado. Aunque en los años recientes su práctica no ha sido de unidad sino de sectarismo, se mira con optimismo que sus dirigentes tienen suficiente experiencia y consecuencia.
- Para los sectores progresistas, comprender la potencialidad de reconocer en esta alianza campesina un liderazgo legítimo, con bases reales y masivas, para construir un frente social amplio dentro de los parámetros de una visión progresista.
- Para los empresarios guatemaltecos, sector organizado e históricamente conservador, tener una visión a largo plazo, más allá de sus intereses sectoriales inmediatos, que acoja el planteamiento indígena campesino de confluencia nacional, para alcanzar la necesaria paz social que beneficiaría al país. La convulsión social derivada de la crisis económica que trajo la pandemia a Guatemala es una posibilidad real y con cierta inminencia.
- Para el recién estrenado gobierno de Alejandro Giammattei, por cierto con un manejo de la crisis sanitaria no del todo efectivo, entender las necesidades y planteamientos de los pobres y excluidos más allá de una visión asistencialista, si bien su carácter esencialmente conservador se lo dificulta.
Cabe decir en este sentido que esta alianza poco probable pero necesaria para el país, no puede verse como una alianza de buena fe entre el frente y los sectores oligarcas y el gobierno, cuyos intereses son diametralmente opuestos, se trataría en todo caso de una confluencia entre amplios y diversos sectores de la sociedad que logre ejercer presión en los grupos dominantes para lograr ciertas transformaciones cuya necesidad ha revelado con crudeza la pandemia que vivimos.
Tampoco olvidemos que el presidente responde a intereses de clase que en este contexto juegan un papel de presión, apoyo o validación y que tiene que responder a la clase a la que pertenece. Giammattei llegó al poder con el beneplácito de los empresarios y con el apoyo de exmilitares del tiempo de la contrainsurgencia y de sectores que han sido acusados de estar vinculados a la corrupción en el país y que han acumulado capital a partir de tener acceso a los negocios con el Estado. Esta convergencia está también fundada en la lucha, hasta ahora exitosa, que dichos actores han llevado a cabo para revertir los logros alcanzados durante la última etapa de la gestión de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG).
Sobre la propuesta del Frente Campesino se sabe que ha habido al menos dos reuniones importantes con el gobierno: una con el vicepresidente César Guillermo Castillo Reyes y otra con el recién nombrado ministro de agricultura, José Ángel López, indígena K’anjob’al. Los dos funcionarios, más relacionados con el sector empresarial tradicional que con las mafias en el país, han respondido con cautela pero inclinándose favorablemente.
Ante esto, las organizaciones campesinas tienen una buena expectativa del ministro José Ángel López, quién ha estado en el centro político del país. El cooperativista del grupo propietario del Banco Banrural, candidato a presidente del partido Encuentro por Guatemala en 2015 y presidente de la gremial nacional de cafetaleros Anacafé cuando se impulsó la democratización de la producción a partir de la crisis cafetalera, se ha mostrado a favor del planteamiento de agricultura familiar. Sin embargo, aunque tradicionalmente el sector cooperativista se opone al empresarial, López tiene una muy buena relación con este sector, con quienes compite pero también colabora.
En todo caso, es muy importante valorar la propuesta de confluencia nacional del Frente Campesino sin descartarla por el pesimismo fundado en la historia de la realidad nacional. Es más, esta propuesta del liderazgo campesino merece ser apoyada y promovida porque significa un gesto de apertura, novedoso en gran medida, en las posiciones políticas que los campesinos han asumido en los últimos tiempos.
Este gobierno, a partir de la crisis sanitaria y sus implicaciones económicas, tiene la oportunidad de lograr una estabilidad, una paz social y un retorno a la normalidad que no sea el reacomodo de la injusticia y la exclusión secularmente prevaleciente. En esta dirección, el planteamiento otorga una valiosa oportunidad y las cuatro organizaciones asumen una posición de vanguardia. Aunque esta expectativa corresponda hoy a la realidad nacional, podría pecar de exagerado optimismo si tomamos en cuenta el comportamiento histórico de los grupos que tienen el poder en Guatemala.
Queda decir que si bien estos liderazgos indígenas representan a amplios sectores de los más diversos pueblos y regiones del país, está ausente el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), fuerza que en los comicios de 2019 participó con su brazo político Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP). Pese a haber obtenido un significativo número de votos para su candidata a la presidencia Thelma Cabrera, estos no se vieron reflejados en su presencia en el Congreso o en el poder local en el territorio.
Está por verse entonces, si las guatemaltecas y guatemaltecos tienen la madurez y la experiencia para valorar la iniciativa que ahora comentamos y aprovecharla para superar las condiciones dramáticas hasta ahora prevalecientes para la inmensa mayoría de la población e iniciar esa confluencia nacional que plantean los dirigentes campesinos.
