En Guatemala, el 16 de mayo concluyó el mandato de la fiscal general María Consuelo Porras, una figura muy impopular y con fama de corrupta. Esto genera ciertas esperanzas de un cambio en el sistema judicial.
Leily Santizo Rodas valora de manera positiva, muy positiva, las primeras apariciones del nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna. «Considero que la disolución de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) es un paso importante con carácter simbólico», afirma la excolaboradora de la CICIG, la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala. La desacreditada Fiscalía Especial era originalmente una prestigiosa instancia judicial que reunía pruebas para que los delincuentes organizados no quedaran impunes. Sin embargo, en los últimos años se convirtió en una oficina que criminalizaba a funcionarios judiciales, periodistas y también a activistas ambientales. Su disolución fue una de las primeras medidas de García Luna.
La nueva figura al frente de la Fiscalía General de Guatemala tuvo un comienzo que despertó la esperanza de muchos guatemaltecos con sus primeras apariciones públicas el domingo 17 de mayo en la ciudad de Guatemala. Y es que, paralelamente a la disolución de la FECI, García Luna anunció una nueva instancia: una comisión que examinará y corregirá los casos judiciales en los que se criminalizó a personas por motivos políticos.
Esta es una buena noticia para todos aquellos que tuvieron que exiliarse, ya sea porque temían investigaciones de motivación política en su contra o porque ya existían órdenes de aprehensión en su contra. Leily Santizo Rodas forma parte de este grupo de personas. La jurista vive en México desde 2023 porque en Guatemala hay varios procesos pendientes en su contra e incluso se solicitó una orden de detención internacional y hubo una solicitud de extradición contra ella. ¿Por qué? «Porque en Guatemala investigué a personas muy influyentes, en su mayoría hombres. Altos mandos militares, empresarios y políticos corruptos. Muchos recibieron penas de prisión gracias a las pruebas que reuní», afirma esta mujer de 40 años. Al igual que su colega Virginia Laparra, se alegra de que México la acogiera. Eso la protegió del largo brazo de la fiscal general María Consuelo Porras y de su equipo corrupto en torno al fiscal Rafael Curruchiche al frente de la FECI.
Porras y su camarilla de fiscales, jueces, secretarios y demás funcionarios judiciales de ambos sexos habían puesto prácticamente bajo su control la Fiscalía General de Guatemala en los últimos ocho años (2018-2026). Lograron que se acusara, juzgara y condenara según criterios políticos, pero no tuvieron éxito en todos los ámbitos. Sin embargo, funcionarios judiciales íntegros, entre ellos jueces de prestigio internacional como Miguel Ángel Gálvez, fiscales como Juan Francisco Sandoval y la ya mencionada Virginia Laparra, tuvieron que abandonar Guatemala; en algunos casos de forma precipitada, para no terminar en la cárcel. El círculo en torno a Porras, al que la Fundación contra el Terrorismo le proporcionaba información sobre los «enemigos», tergiversó e instrumentalizó leyes para silenciar a los críticos incómodos de la élite político-económica y enviarlos a la cárcel durante años. Entre ellos se encontraban periodistas como José Rubén Zamora, fundador del diario crítico El Periódico. Pero también, activistas ambientales indígenas como el maya q’eqchi’ Bernardo Caal Xol.
Virginia Laparra espera que esto pueda cambiar ahora. Su caso es ejemplar. Laparra dirigió durante muchos años la FECI en la ciudad de Quetzaltenango. El 23 de febrero de 2022 fue detenida porque el juez Lesther Castellanos la había denunciado por presunta divulgación de resultados de investigaciones en varios casos de corrupción. La sentencia fue por «abuso de poder»; en condiciones inhumanas sobrevivió dos años en la infame prisión Mariscal Zavala. Tras su liberación en la primavera de 2024, en julio de 2024 se le impuso una nueva condena de cinco años de prisión, a la que se sustrajo huyendo a México. «Dos casos, dos sentencias; aun así, lo volvería a hacer», explica esta experta jurista de 46 años, que como fiscal ha colaborado en más de doscientos procesos contra casos de corrupción.
Antes de regresar a Guatemala, aún tendrían que cambiar muchas cosas, de eso Laparra no deja lugar a dudas. «Revisar sentencias, revisar denuncias, eso lleva tiempo. A eso se suma que se necesita personal nuevo, creíble y no corrupto en todos los niveles», dice la madre de dos hijas, que crecen separadas de ella. Un alto precio para la jurista, que observa desde México lo que sucede en Guatemala.
Motivo para la esperanza, pero poco más
Allí, los días 16 y 17 de mayo, la gente celebró con fiestas callejeras que María Consuelo Porras ya no dominara los destinos de la justicia. Quemaron muñecos de esta mujer de aspecto severo e implacable. Ahora existe una tenue esperanza de que se pueda desmantelar la red corrupta conformada por la justicia, la política, el sector empresarial, los militares y, probablemente, también el crimen organizado. A esta red de gran alcance y dotada de mucho dinero se le llama el Pacto de los Corruptos. El pacto bloqueó y boicoteó con éxito gran parte de la política de reformas prevista por el presidente Bernardo Arévalo, elegido por sorpresa en agosto de 2023 y en el cargo desde enero de 2024. Este tuvo que soportar a Porras durante casi dos años y medio. En arduas negociaciones entre bastidores, al final logró descartar la reelección de Porras y, al parecer, imponer un cambio de rumbo en la cúpula de la Fiscalía General.
Sin embargo, siguen existiendo componentes fundamentales del pacto. Es probable que numerosos jueces, fiscales y empleados judiciales de ambos sexos sigan figurando en las nóminas de esta red. Además, sigue existiendo la Fundación contra el Terrorismo, fundada en 2013. «Esta fundación hace, de hecho, lo contrario de lo que sugiere su nombre: ataca a quienes investigan a los militares en el contexto de los crímenes contra los derechos humanos durante la guerra civil (1960-1996) y los inunda de demandas», afirma Leily Santizo Rodas. Ricardo Méndez-Ruiz Valdés y Raúl Amílcar Falla Ovalle, dos juristas experimentados, dirigen la fundación, que ha ampliado su radio de acción a lo largo de los años. Cada vez con mayor frecuencia, la fundación interponía demandas contra periodistas, activistas ambientales y organizaciones progresistas. De hecho, proporcionó a la Fiscalía General, ya bajo la dirección de María Consuelo Porras, los nombres y las herramientas para intimidar y silenciar a la sociedad civil. Esto no siempre funcionó como se esperaba. La solidaridad internacional con las y los acusados lo demostró. Y, entre otros, Estados Unidos y la Unión Europea incluyeron en una lista de sanciones no solo a la Fundación contra el Terrorismo, sino también a la fiscal general María Consuelo Porras y a sus cómplices.
Ahora se necesita más apoyo para el desmantelamiento —que no es nada fácil— de las estructuras criminales dentro del sistema judicial guatemalteco. La disolución de la FECI es un paso positivo. Sin embargo, el sistema de Porras iba mucho más allá de la FECI. El sistema de nominaciones para los cargos de jueces en la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, pero también en el Tribunal Electoral, así como para el cargo de fiscal general, ofrecía y ofrece condiciones óptimas para ejercer influencia.
El complicado proceso de negociación sobre los cargos judiciales se conoce como elecciones de segundo grado, cuya última ronda se llevó a cabo entre enero y mediados de mayo de 2026 y en la que se redefinió la composición de casi todas las instancias judiciales importantes. Estas elecciones determinan la independencia o, por el contrario, la dependencia del poder judicial respecto a las élites y redes de poder. La fiscal general Porras y el Pacto de los Corruptos han controlado prácticamente el sistema judicial durante los últimos ocho años. Desde enero de 2024, Porras actuó como adversaria directa del presidente socialdemócrata y reformista Bernardo Arévalo. Criminalizó a colaboradores del Gobierno, como los dos representantes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, que llevan un año detenidos. Se encargó de que Arévalo tuviera que gobernar no con, sino contra el poder judicial, y con pocas opciones de hacer frente a las estructuras corruptas del país.
Aún está por verse si esto cambiará de manera fundamental. Por el momento, no es posible reconstruir en detalle quién perteneció a qué bando en las elecciones de segundo grado y de qué lado están quienes ocupan ahora los puestos en los diferentes tribunales y cargos. Ni siquiera en el caso del nuevo fiscal general Gabriel García Luna esto es 100 % seguro, ya que fue elegido de manera sorprendente con 15 de 15 votos de la comisión de nominaciones, de composición muy diversa.
¿Por qué razones se dio esto?, se preguntan, además de Virginia Laparra y Leily Santizo Rodas, muchas otras personas, que trabajaban en el sistema de justicia y se encuentran todavía en el exilio. Tampoco está claro aún si el nuevo fiscal general, al igual que su predecesora, cuenta con el apoyo de los tribunales superiores, sobre todo la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. En las comisiones de selección que elaboraron las listas de posibles candidatos, había «demasiados» juristas comprometidos con el poderoso Pacto de los Corruptos, según Nery Rodenas. El director de la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de la Ciudad de Guatemala (ODHAG) ha visitado en prisión a muchas víctimas del sistema de Porras. «De hecho, la Fiscalía General se convirtió en un instrumento político con el que se reprimía a la sociedad civil», afirma Rodenas. Él también espera que esto cambie ahora.
Aún está por verse cómo decidirán los cinco jueces de la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, cuando se trate de reformas verdaderamente relevantes. Rodenas espera que el resultado sea un 3 a 2 a favor de la facción del presidente Arévalo. Eso allanaría el camino para reformas genuinas y la tan necesaria renovación integral del personal en el sector judicial. Además, es indiscutible que el Pacto de los Corruptos sigue marcando la pauta en muchas instituciones. Entre ellas se encuentran la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia.
El abogado Héctor Reyes, exdirector de la organización de derechos humanos CALDH, sabe con bastante certeza qué juez o jueza figura en la lista de la red de corrupción y cuál es la inclinación política en las diferentes salas de audiencia. Está seguro de que solo a mediano plazo habrá cambios allí. Según Leily Santizo Rodas, la política de personal de Gabriel García Luna será decisiva. «María Consuelo Porras ocupó puestos clave en el sector judicial según criterios políticos, pero debemos volver a los criterios de calidad», afirma. Una opinión que comparten muchos expertos.
