La reforma energética en México, broche de oro para el capital, a veinte años del TLCAN
Andrés Peñaloza
Enero 2014
El robo de todos los tiempos, trazado en el TLCAN
Hace 20 años se trazó la suerte del sector energético mexicano al incluirse el capítulo VI: Energía y Petroquímica Básica, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En el artículo 601, segundo párrafo, de este apartado, se asentó:
Las partes reconocen que es deseable fortalecer el importante papel que el comercio de los bienes energéticos y petroquímicos básicos desempeña en la zona de libre comercio, y acrecentarlo a través de su liberalización gradual y sostenida.
Aún antes de la puesta en vigor del TLCAN (1 de enero de 1994), en el marco de su negociación, se registró una serie de medidas administrativas y reformas legales que apuntaban a la apertura de la inversión privada nacional y transnacional en el sector energético. Carlos Salinas de Gortari, representaba al grupo neoliberal que apostó al TLCAN, para afianzar la integración subordinada a la economía estadounidense y consolidar la reconfiguración de la elite económica y política, que le permitiera ejercer el poder más allá de 1994.
En 2013, Enrique Peña Nieto, símbolo del regreso del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia, tras un intervalo de 12 años de alternancia pactada con el derechista Partido Acción Nacional, arremetió con un paquete de reformas neoliberales sumamente agresivas. Entre ellas encontramos la energética, que busca permitir la inversión privada y extranjera en los hidrocarburos y la electricidad, con lo que se anula en esencia el decreto expropiatorio y la nacionalización de la industria energética realizada en 1938. Con esto, el capital transnacional cierra con broche de oro negro dos décadas de TLCAN.
Con la reforma constitucional, el capital privado nacional y extranjero no tendrá ya obstáculos para controlar un mercado estimado en más de 1 billón 577 mil millones de pesos (alrededor de 124 mil 337 millones de dólares), monto equivalente a los ingresos que generó Petróleos Mexicanos (pemex) en 2012. Una cantidad que más de un centenar de países no alcanzan a generar por sí mismos. Por eso, Pemex está situada entre las tres empresas con mayor utilidad antes de impuestos en el mundo.
A dos décadas de libre comercio empiezan a hacerse visibles las pretensiones de las élites político-económicas de Norteamérica de escalar el TLCAN a una etapa en que la desintegración de la nación mexicana sea la antesala de una completa anexión corporativa. El encadenamiento energético bajo la égida estadounidense destapa ambiciosos proyectos. Por ejemplo, en el plan denominado Connect America, se traza un sistema eléctrico continental corporativo del norte hasta el sur del continente, estimándose un negocio de 1.4 billones de dólares.
El concurso privado nacional y extranjero en el sector energético mexicano será a través de contratos de servicios, de utilidad y producción compartida, licencias, entre otras modalidades por definir. Así, con pequeñas y mágicas palabras (asignaciones, contratos, licencias), se abre la lámpara de Mammón (Dios siríaco de la riqueza y la avaricia) para que aparezcan los demonios: ExxonMobil, BP plc (British Petroleum), Chevron, Royal Dutch Shell y los iscariotes Slim-Grupo Carso-Swecomex, Mexichem, S.A.B. de C.V. y demás empresas privadas en las que participan como socios y/o empleados ex funcionarios públicos.
En el presente análisis se apreciarán los detalles que permitirán la desnacionalización del sector energético mexicano y el trato privilegiado que tendrán las petroleras y empresas privadas internacionales. Para ilustrar esto último basta reparar en la autorización que tendrán las transnacionales para consignar los beneficios que esperan obtener en sus estados contables, como activos, como patrimonio corporativo. En consecuencia, independientemente del contrato o licencia, los inversionistas privados y las transnacionales podrán especular en los mercados financieros con dicho reporte e incluso, de ser necesario, ante eventuales medidas soberanas por razones de utilidad pública, cuidado y preservación de elementos naturales, protección de la salud e imposición de requisitos de desempeño, litigar contra el Estado mexicano ante arbitrajes privados supranacionales apelando a que se les priva de sus ganancias futuras. Cabe recordar que México ha tenido que pagar más de 242 millones de dólares a transnacionales por fallos en su contra bajo los mecanismos privados de solución de controversias pactados desde hace 20 años en el capítulo undécimo del TLCAN.
Les invitamos a leer el análisis completo en el archivo adjunto.
La reforma energética en México
