ENTREVISTA A LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
Periodista y autor. Coordinador de Opinión de La Jornada.

POR GEROLD SCHMIDT
Director de la Oficina Regional RLS en México

Fotografía: Duilio Rodríguez, para el artículo “Las puertas falsas de la migración a Estados Unidos” en Pie de Página.

Gerold Schmidt: A unos días de las elecciones presidenciales y a cuatro meses de que asuma un nuevo gobierno, ya podemos hablar de un gobierno saliente, marcado claramente por la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un gobierno que se ha autodefinido como de la izquierda y anti-neoliberal. Hablando de manera general: ¿Cuáles han sido los avances y errores de este gobierno?

Luis Hernández Navarro: Como todo gobierno, el de AMLO tiene claroscuros. Se propuso la ambiciosa meta de ser una nueva transformación (la cuarta), similar a las revoluciones de Independencia, de Reforma y de 1910-1917. Pero estas tres etapas en la historia de México tomaron forma en procesos constituyentes y en constituciones en las que se plasmó un nuevo pacto social. Y ese no ha sido el caso de la 4T.

¿Ha habido un cambio de régimen con AMLO? Un régimen político consiste en el conjunto de instituciones y leyes que organizan el Estado y el ejercicio del poder. A través suyo se establece la vía de acceso al gobierno y la forma en la cual las autoridades ejercen sus facultades. El régimen político que existe hoy es básicamente el mismo que existía en 2018. En el tramo final de su sexenio, López Obrador impulsó una reforma electoral y una judicial que modificaban la composición y las reglas del juego de los poderes legislativo y de la Suprema Corte, pero para ese entonces ya no tenía la mayoría parlamentaria (dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de los Senadores) para aprobarlas. Así que las cosas quedaron como estaban: el sistema de partidos, tal y como lo conocemos, y las instituciones a lo mejor funcionan de otra manera pero en esencia no han tenido modificaciones.

¿Ha habido un cambio en el modelo económico? Sí y no. México sigue siendo una economía de mercado. Muchos de los elementos del Consenso de Washington permancen: acuerdos de libre comercio (T-MEC), estabilidad macroeconómica, autonomía del banco central. No se le perdona el pago de impuesto a los ricos (lo que es muy importante) ni se aprobó una reforma fiscal que grave al capital. La política de austeridad ha reducido muchos gastos superfluos e innecesarios, pero ha terminado por afectar áreas claves de la administración pública.

Se ha dado una importante derrama económica en grandes proyectos de infraestructura. Se avanzó en recuperar la soberanía energética y en recuperar el control estatal sobre el mercado eléctrico. Hay una transferencia de subsidios directos hacia sectores desfavorecidos: jóvenes, tercera edad, con capacidades diferentes. Aunque es muy significativo el aumento de los salarios mínimos, los salarios profesionales crecieron mucho menos: un maestro de educación básica pública gana solamente 2.2 salarios mínimos.

La diplomacia mexicana hacia América Latina ha tenido momentos muy destacados. Por ejemplo, con Cuba, o con el rescate y asilo de Evo Morales. Mientras que la relación con Venezuela no se ciñe a los lineamientos de Estados Unidos, a su vez, el presidente ha señalado, una y otra vez (como lo hizo en el homenaje a Simón Bolívar), que el proceso de integración latinoamericana debe incluir a Estados Unidos.

La política mexicana hacia los migrantes indocumentados de Centro y Sudamérica ha sufrido un retroceso importante. Pareciera que se ha corrido la frontera de Estados Unidos hacia el Sur y la Guardia Nacional es una especie de Border Patrol subrogada. Se han exacerbado los abusos hacia los indocumentados y se han producido tragedias, como la del incendio en Ciudad Juárez en 2023. Aunque no se reconozca formalmente, México opera como tercer país designado.

¿Los megaproyectos también han sido promovidos como una palanca para un México mejor desarrollado en general? ¿Pueden cumplir esta promesa?

Aunque aún no está funcionando, es relevante la construcción de la refinería de Dos Bocas, en la lógica de apostar a la soberanía energética y dejar de depender de la importación de gasolinas. Se construyó el aeropuerto Felipe Ángeles (lo que era necesario), aunque su conexión vial con la Ciudad de México es aún deficiente.

Son distintos los casos del Tren Maya y el Corredor Transístmico. Son proyectos cuya realización fue propuesta por los anteriores gobiernos del PRI y el PAN. Se realizaron sin las debidas consultas a los pueblos originarios en los términos establecidos por el Convenio 169 de la OIT. Son, en los hechos, proyectos de reordenamiento poblacional que desamortizan la propiedad social. Han creado lo que serán graves problemas ambientales.

El Corredor Transístmico busca resolver el problema de tránsito de mercancías de Estados Unidos: esto, porque producción manufacturera está enclavada esencialmente en el Este, pero el polo más dinámico de desarrollo comercial está hoy en el Pacífico, y mientras que el traslado de mercancías por tierra, de costa a costa, resulta muy caro, el transporte por barco se topa con un Canal de Panamá saturado. El Corredor busca convertirse en un canal seco que sustituya a éste.

El Tren Maya se está convirtiendo en un proyecto de desarrollo inmobiliario y de turismo estilo Cancún. Su construcción pasó por encima de los estudios ambientales necesarios, de reconocer la existencia de suelos cársticos en la Península y de la afectación a todo el sistema de cenotes y aguas profundas. Es un proyecto que puede tener consecuencias inesperadas en el futuro. Seguramente tendrá muchas dificultades para ser sustentable desde el punto de vista económico, pues en casi todo el mundo los trenes están subsidiados.

Dos Bocas lo sitúas como un ejemplo positivo, pero ¿para qué sirve el enfoque al petróleo desde una perspectiva ambiental y de transición energética?

Entiendo que es un debate y que es necesario transitar hacia la generación de energías renovables, pero no llegamos aún al fin de la era del petróleo. Necesitamos gasolinas y las seguiremos requiriendo aún por muchos años.

Y sobre el papel de los militares en el país y su impresionante peso en el sector civil. ¿Darles tantas facultades a los uniformados es jugar con fuego?

López Obrador ha hecho lo contrario de lo que hizo el General Lázaro Cárdenas en su tiempo. Cárdenas fue sacando a los militares de la administración pública y limitó sus actividades a la defensa de la soberanía nacional, que es la función central de las fuerzas armadas. López Obrador los ha metido a todo tipo de tareas ajenas a la defensa de la soberanía nacional: están en la seguridad pública, en la administración de aduanas y aeropuertos, en la realización de obra pública.

Hoy, militares y marinos tienen un poder en la administración pública del que no disfrutaban al comienzo del sexenio. Esto es muy delicado, este papel puede justificarse en nombre de la honradez, la disciplina, la eficacia, pero no les corresponde a las fuerzas armadas realizar estas tareas.

Por supuesto, la enorme presencia de los militares en la vida del país también tiene que ver con el enorme peso que tiene la economía criminal. México es un país de producción, tránsito y consumo de drogas, y cuando hablamos de economía criminal, nos referimos a un consorcio empresarial que, además, incluye tráfico de personas, trata, contrabando, piratería, venta de armas y de mercancías robadas.

El gran poder de las Fuerzas Armadas tampoco ha ayudado a este gobierno a esclarecer el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Va a quedar como una promesa incumplida?

Hubo avances al principio de la administración, incluso el gobierno mexicano trajo de nuevo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Se avanzó en la investigación, pero se llegó a un punto ciego: el ejército se negó a entregar más de 800 folios de información clave. El gobierno se topó con pared y desandó el camino andado. La situación se volvió dramática, desesperanzadora. Se ve muy difícil que en los meses que quedan del sexenio se retome el camino.

Sobre esto, el presidente ha acusado a las organizaciones de derechos humanos Centro Pro y Tlachinollan de complicar el caso Ayotzinapa. Él tiene el afán de decir que su gobierno quiere una relación directa con el pueblo, que no se necesitan a los movimientos sociales ni las organizaciones no gubernamentales. ¿Esto es viable?

Las acusaciones son injustas, la trayectoria del Centro Pro y Tlachinollan son intachables, no hay nada de lo que se les pueda cuestionar.

Esta actitud que mencionas hacia las organizaciones campesinas y los movimientos populares ha sido una constante en su administración. Se les hace a un lado como interlocutores argumentando que no se quiere tratar con intermediarios. Pero los más pequeños, los más débiles, necesitan asociarse para poder enfrentar a los poderosos. El desequilibrio de poder entre unos y otros es enorme. Por eso necesitan asociarse y nombrar a sus representantes. Decir que todos ellos son corruptos es una barbaridad.

Pongo un ejemplo sencillo: los pequeños productores de café. Estamos hablando de campesinos que tienen menos de dos hectáreas y se enfrentan a tiburones como Nestlé. A ellos el Estado puede darles una ayuda económica directa y les sirve, pero para equilibrar la cancha de juego necesitan asociarse o formar cooperativas para acopiar su producción, industrializarla, exportarla, conseguir créditos. Y para ello necesitan recursos. Sólo así pueden cambiar la correlación de fuerzas. No bastan los apoyos directos.

Ayotzinapa tampoco ha sido un gran tema en las campañas electorales.

Así es, las candidaturas no han querido enfrentar esta problemática.

Otro tema constante del sexenio fue el sistema educativo, la formación de los maestros. La relación del presidente con el magisterio, sobre todo con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) ha sido difícil ¿Por qué?

En 2018, en campaña, el Andrés Manuel dijo que no iba a quedar ni una coma de la reforma educativa aprobada por Enrique Peña Nieto en 2013. Durante todo el sexenio peñista, esa reforma fue resistida por el magisterio con grandes movilizaciones y protestas. Centenares de maestros fueron despedidos, decenas encarcelados, también hubieron muertos. Por ello, Obrador declaró que la CNTE era la única fuerza social que había resistido el vendaval neoliberal.

Sin embargo, cuando se aprobó la nueva reforma educativa de la 4T, se quedó lo central de la reforma de Peña Nieto. Es como si a un coche viejo le hubieras pintado la carrocería, cambiado las llantas y vestiduras, pero le hubieras dejado intacto el motor. Fueron labores de maquillaje, prácticamente dejaron fuera del presupuesto los recursos para la actualización y la formación docente.

Se han dejado de lado tres problemas medulares en México: primero, que más del 40% de las escuelas de educación básica son multigrado, donde el maestro atiende en el mismo salón de clases, de forma simultánea y sin equipo, a niños de primero a sexto año. Si muchas escuelas no tienen agua potable ni baños, menos aún conectividad. Se tendría que haber destinado mucho más presupuesto a mejorarlas.

Segundo: el analfabetismo, un problema donde las cifras cambian y se disfrazan. Hay millones de personas mayores de 16 años que no saben leer y escribir. Y hay un analfabetismo funcional enorme. La gente pone su firma y parece como que sabe escribir, pero no es así. Todos los gobiernos populares que vienen de procesos de transformación lo primero que hacen es impulsar una gran campaña de alfabetización, así se hizo en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, pero no así en México.

El tercer problema, que va de la mano del abandono de la educación media superior: 4 de cada 10 personas mayores de 15 años no tienen terminada la educación secundaria.

Vayamos a Chiapas, donde ha habido un desencuentro con el EZLN mientras que, por otro lado, los carteles han ampliado ahí su influencia…

Las disputas de cárteles en Chiapas se han exacerbado. El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa pelean, palmo a palmo, el control de la frontera con Guatemala y de las rutas de trasiego. Los antiguos paramilitares se han convertido en narcoparamilitares, siguen efectuado tareas de contrainsurgencia, pero, ahora, ligados a cárteles. Y hemos visto la emergencia del Chamula Power en San Juan Chamula.

En ese contexto, los zapatistas han resistido y profundizado su lucha. Eso fue muy claro el fin de año pasado, en la celebración de los 30 años del alzamiento. Allí se pudo ver una enorme participación de los jóvenes. Los zapatistas siguen adelante con sus expresiones de autogobierno, que lo han reformulado más hacia la dinámica local y poniendo en el centro lo común. En este aniversario hubo una enorme demostración disciplinada de las jóvenes, y una participación e impresionante de las mujeres.

Y, en un tema aledaño, la reciente iniciativa de ley de reforma indígena ¿retomó algunas demandas zapatistas?

La iniciativa de ley que propone el presidente no tiene nada que ver con los acuerdos de San Andrés. La propuesta del Ejecutivo deja fuera los derechos de representación política y los derechos territoriales, deja intactos los derechos de terceros (mineras, por ejemplo) en tierras indígenas y no toca los candados que impiden el ejercicio del derecho a la libre determinación y la autonomía.

Lo que sí reconoce es a las comunidades como sujetos de derecho público en lugar de sujetos de interés público, lo que les abre la puerta a recursos gubernamentales. La figura ya existe en muchas constituciones locales pero en los hechos no ha funcionado. Lo que hoy priva es un neoindigenismo, una política de corte asistencial hacia los pueblos indígenas que no tiene en el centro el reconocimiento de derechos sustantivos tal y como establecen los Acuerdos de San Andrés.

La Demanda de Acción Colectiva contra la siembra de Maíz Genéticamente Modificado en México (DCM) cumplió una década en 2023. Fotografía: Aarón Moysen, en La Coperacha.

Y sobre el sector agrario mexicano, este parece estar en una situación frágil ¿cómo se explica eso?

Es un tema importante. La agricultura mexicana es una agricultura bimodal: por un lado hay un sector del campo orientado a la producción comercial y a la exportación, y por el otro, una multitud de familias rurales volcadas al autoconsumo.

México exporta cerveza, tequila, mezcal, verduras, aguacates (el famoso oro verde), pimientos, jitomates y berries, es decir, agroproductos que requieren de mucha agua y que utilizan mucha mano de obra jornalera. Y para aguantar las extenuantes faenas, entre los jornaleros jóvenes se ha extendido el consumo de cristal.

La producción de granos básicos y oleaginosas ha caído. Aunque se hable de soberanía alimentaria, en los hechos, México ha aumentado su dependencia alimentaria. Tampoco se ha estimulado la producción de autoconsumo. Se creó un programa de precios de garantía para maiceros y frijoleros, pero con las fronteras abiertas esto no funciona.

Hay descontento en una franja de agricultores medios, que tienen poco más de 20 hectáreas, porque dejaron de recibir apoyos para la comercialización, y les resulta casi imposible acceder al crédito agrícola o contratar seguros. Una parte del maíz blanco que se consume en México lo producen ellos. Están inconformes y ha habido protestas muy fuertes en Sinaloa, Sonora, Jalisco y Chihuahua.

Durante el sexenio, el sector agrícola estuvo atravesado por dos grandes debates: la prohibición del uso de glifosato y la prohibición de sembrar maíz transgénico. Finalmente y casi por cerrar, se decidió no impedir el uso del herbicida, argumentando que aún no hay insumos para sustituirlo. Sobre las modalidades de prohibición del consumo de maíz transgénico, éstas se han modificado a lo largo del tiempo en distintos decretos y hoy está prohibido para consumo humano. Sin embargo, el asunto se está tratando en un panel de controversias en Estados Unidos. Desafortunadamente se ve muy difícil que México pueda ganarlo en el marco del T-MEC. Washington sostiene que los argumentos de nuestro país no están basados en normas internacionales relevantes ni en el acuerdo de libre comercio.

Ahora, sobre Claudia Sheinbaum. Parecía que sólo iba a repetir el discurso del presidente para no poner en riesgo su candidatura. Pero si gana, ¿crees que tenga la idea de radicalizar la 4T o que seguirá el camino emprendido?

¿Qué es radicalizar?

Una reforma fiscal real, por ejemplo.

Desde mi perspectiva, la necesita hacer, pero ella ha dicho que no se requiere. Pero si uno ve cómo ha subido el endeudamiento estatal este año, con megaproyectos sin terminar y con programas sociales, es inevitable preguntarse ¿de dónde va a salir el dinero para cumplir esos compromisos e impulsar nuevos proyectos? Ya no hay mucho más impuestos que cobrarles a los empresarios sin gravarlos.

Sheinbaum necesita el apoyo del presidente hasta que se ganen las elecciones. Sin embargo, de manera sutil, parecieran haber algunos asuntos en los que comienza a diferenciarse. Por ejemplo, en el caso del sector energético, donde propone una transición hacia energías renovables. Es un asunto complejo y se le va a presentar una disyuntiva delicada, porque si, desde el punto de vista económico, su apuesta es el nearshoring, va a necesitar disponer de mucha electricidad y agua. Y no hay vía de conseguir esa electricidad rápidamente, más que generándola a través de plantas de ciclo combinado.

Propone colocar en el centro la educación, ampliar el número de becas y atender prioritariamente el sector de media superior. Hasta ahora, la educación no ha sido una prioridad de la 4T. Está “cantado” que va a realizar un cambio en materia de ciencia y tecnología, donde se han presentado muchos choques.

Claudia tendrá que enfrentar un conjunto de retos, pues AMLO le deja pendientes una serie de reformas que no se van a aprobar en este sexenio. Para aprobarlas, requerirán que ella (y los legisladores de su coalición) obtengan 35 millones de votos para conseguir la mayoría calificada en el congreso. AMLO alcanzó 30 millones de votos en las elecciones de 2018. En las elecciones intermedias de 2021, Morena y sus aliados tuvieron 21 millones de votos. ¡Perdieron casi 10 millones de votos en 3 años! Ahora, a diferencia de 1988, 2018 y 2006, no hay la efervescencia social de entonces. Más aún, en algunos sectores hay aburrimiento, apatía y hasta hastío. No dudo que gane Claudia, pero parece casi imposible que su bloque alcance las dos terceras partes de los legisladores. Más difícil aún es que los consiga en el Senado. ¿Qué significa eso? Que para sacar adelante las reformas aplazadas va a tener que negociar. La interrogante es ¿cómo radicalizarse, si tiene que negociar con el PAN y el PRI?

—Entrevista realizada el 9 de abril de 2024 en CDMX.