Mónica Enríquez. Candidata a la vicepresidencia por Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), emanada del movimiento revolucionario, en su entrevista aborda al respecto el Plan de Gobierno y las propuestas políticas de género de su partido. | Foto: Prensa Libre.

¿Cuáles son los principales ejes del plan de gobierno de la Coalición, con respecto a las principales necesidades del país?

El Plan de Gobierno de la Coalición URNG-MAIZ / WINAQ, es resultado de un esfuerzo de construcción colectiva de amplios sectores de sociedad civil y de izquierda que dieron sus aportes en mesas de discusión. A ello se sumaron académicos que brindaron su tiempo y conocimientos para retroalimentarlo, así como la experiencia de lucha histórica y de inmersión con el contexto guatemalteco de los partidos que conforman la Coalición.

Como resultado de ello, nuestro Plan de Gobierno refleja las expectativas, necesidades y demandas históricas de los pueblos Maya, Garífuna, Xinca y Ladino-Mestizo.

En Guatemala el 1% de la población más rica cuenta con los mismos ingresos que la mitad de la población. Persiste una economía de privilegios que queremos cambiar con nuestra propuesta. Para lograrlo pretendemos impulsar una política de desarrollo rural integral, que contemple programas para fomentar la producción agrícola familiar y campesina, que genere los alimentos necesarios para el consumo nacional e incluso excedentario, y transitar entonces hacia una economía solidaria para la vida, basada en el trabajo digno.

Desde la Coalición planteamos construir una economía que también impulse políticas que favorezcan la inversión nacional, la creación de una banca pública nacional, y a trabajar por la protección, capacitación, formación y tecnificación de la micro, pequeña y mediana empresa.

Nuestro mayor esfuerzo estará centrado en contar con una política nacional que impulse el desarrollo industrial, cooperativo, mediano y pequeño. Es un hecho que en el campo guatemalteco persiste una grave situación de pobreza y exclusión, motivada por la falta de recursos, pero también por la carencia de capacidades. Por eso, resulta fundamental apoyar la transformación de productos generados por campesinos, agricultores a pequeña escala, por mujeres y hombres organizadas en cooperativas y asociaciones, así como por productoras individuales, a nivel de micro, pequeña y mediana empresa. Un apoyo fundamental que consiste en fomentar la tecnificación y generación de mercados.

A diferencia de lo que sucede en América Latina, aquí los índices de desnutrición aumentan cada año. Los datos más recientes indican que la desnutrición aguda alcanza un 52% de la población. Revertir esta dramática situación sólo es posible tomando medidas estructurales y es por esto que planteamos impulsar políticas y programas intersectorialmente coordinadas que abarquen desde el fortalecimiento de la alimentación escolar, hasta transferencias monetarias que garanticen el acceso a los alimentos a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema. Consideramos esto prioritario, y para revertir los niveles de pobreza existentes no es suficiente con generar equidad de oportunidades y accesos, sino que también hay que revertir los rezagos existentes. Insisto, para ello resulta prioritario impulsar una política nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, a la par de implementar programas de protección social universal.

El agua representa otra problemática fundamental en nuestro país, al igual que para el resto del mundo, que se expresa por una severa crisis debido principalmente a que las grandes empresas agroindustriales han impuesto una lógica de privatización que ha convertido el agua en una mercancía.

Para nosotras, el agua es un derecho humano fundamental al que toda la población debería tener acceso. Sin embargo, carecemos de una Ley de Aguas que regule el buen uso y la justa distribución del recurso hídrico, lo que ha llevado a una grave conflictividad tanto en las áreas urbanas como rurales. De ello derivamos la necesidad urgente de impulsar una política pública de servicio de agua potable domiciliar, sin dejar de lado que establecer sistemas adecuados de saneamiento del líquido vital es de igual importancia y deberá estar a cargo del Ministerio de Salud Pública.

Otro tema del que es necesario hablar, es el tema de la impunidad. Al hacerlo tenemos que recordar que los Acuerdos de Paz, firmados por el gobierno, el ejército y la guerrilla en 1996, mandataron la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El establecimiento de esta comisión significó un parteaguas en la historia de nuestro país, con ella se dieron a conocer y se persiguieron actos de lesa humanidad, pero también de corrupción de alto impacto.

Este organismo internacional logró que altos funcionarios, incluido un presidente y representantes de su gabinete, altos empresarios y altos mandos del ejército, algunos en retiro, fueran señalados por delitos cometidos e incluso encarcelados. Pero, estos avances significativos generaron una fuerte reacción del poder y favorecieron la conformación de lo que hoy se denomina el “Pacto de Corruptos”, en el cual confluyen actores involucrados en crímenes de guerra y posteriormente en una corrupción descarada. Al alinearse y cerrar filas lograron que no se renovara el mandato de la CICIG y se han dedicado a revertir los casos judiciales ya establecidos.

Es por ello, que hoy nos encontramos nuevamente en una compleja situación en el tema de corrupción. Consideramos que este flagelo debe ser erradicado, por lo que nos proponemos impulsar una política nacional que garantice la justicia y la transparencia en la administración pública. Al mismo tiempo nos parece de vital importancia llevar a cabo una política exterior que retome el respaldo de las Naciones Unidas a Guatemala y a la lucha contra la corrupción, y que las penas por estos delitos sean elevadas.

El “Pacto de Corruptos” ha significado cuantiosas pérdidas en recurso financieros y naturales, pero además se ha convertido en una herramienta que otorga grandes privilegios y cuotas de poder para las élites criollas del país que siguen enquistadas en el sistema desde el tiempo de la colonia. Tenemos que revertir esos procesos y lograr que el Estado sea una institución del pueblo al servicio del pueblo.

Un eventual gobierno de nuestra coalición de izquierda tiene que plantear acciones para recuperar esta función del Estado, acciones que contemplan la reestructuración participativa en el presupuesto nacional en función social, la revisión de contratos de privatización en la obra pública, la descentralización de la función pública y la defensa de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que sufrió en las últimas elecciones a rector de la cooptación por parte del poder, y del Instituto de Seguridad Social (IGSS).

[+] Sigue leyendo este texto en PDF