Las pasadas elecciones nacionales en Costa Rica dieron como resultado el triunfo holgado en la presidencia para la candidata oficialista, la reducción de las bancadas legislativas a 4 y al partido de izquierda Frente Amplio como la tercera fuerza política del país.

Nos comparte su análisis Henry Mora Jiménez, economista y académico de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Hace unos quince años el sociólogo costarricense Carlos Sojo (†) denominó la irrupción del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las elecciones presidenciales del 2002 como una “rebelión de las clases medias”. Advirtió que fueron sobre todo estos sectores urbanos los que preferentemente apoyaron a su tres veces candidato presidencial Ottón Solís Fallas y su discurso basado en la ética en la función pública y en recuperar el papel del Estado como promotor del desarrollo económico y social.

Conocemos el desenlace de esta frustrada rebelión: después de ocho años en el gobierno (2014-2022), el PAC no obtuvo ninguna diputación en las elecciones de 2022.

Parece que hoy asistimos a una nueva rebelión de importantes sectores de la población. Pero esta vez se trata de costarricenses en su mayoría de estratos bajos y medio-bajos, abrumadoramente de zonas costeras y rurales y con un prolongado retraso en desarrollo humano (“zonas periféricas”) aunque también, de sectores urbanos. Pero sorprendentemente (o quizás no tanto a la luz de la tendencia mundial), esta rebelión la promueven y lideran personajes de la plutocracia costarricense con aspiraciones a convertirse en la nueva oligarquía: conservadores, neoliberales y de derecha autoritaria; admiradores de Trump, de Bukele y hasta de Netanyahu.

Primero, aclararemos rápidamente el resultado electoral del pasado 1 de febrero y sus antecedentes inmediatos.

En 2022, Rodrigo Chaves Robles, un ex tecnócrata del Banco Mundial acusado por acoso sexual alcanza la presidencia de la República en segunda ronda, venciendo al liberacionista José María Figueres Olsen. El nuevo mandatario se presentó a sí mismo en las elecciones como un competente gerente de la cosa pública (tal cual empresa privada), un enemigo de la histórica corrupción que aquejaba (y sigue aquejando) al país y un “outsider” sin compromisos con la clase política tradicional. Pero una vez establecido en el gobierno dejó claro que su proyecto político no consistía simplemente en administrar mejor los recursos públicos (promesa que no cumplió), sino, en refundar la República.

Cuatro años después, a pesar de no presentar ningún logro importante de su propia autoría, Rodrigo Chaves sigue teniendo un respaldo popular de casi el 60%, incluso entre personas que reconocen que su gobierno no ha sido bueno. ¿Cómo hizo? Repasemos los elementos explicativos más importantes.

En estos cuatro años, que es lo que dura el período presidencial en Costa Rica, Chaves se ha comunicado con la población de manera cercana, llana, coloquial e incluso estridente. Él mismo se reconoce como un “pachuco”, término que en Costa Rica se utiliza para describir a alguien vulgar o grosero. Desde su elección ha estado en campaña electoral permanente, preparando el terreno para su sucesor o sucesora; y ha culpado a los otros poderes de la República de no dejarle gobernar.

Una tónica de su mandato ha sido colocar a la Contraloría General de la República como el chivo expiatorio de sus proyectos malogrados. Pero quizás lo más importante, a pesar de todos sus exabruptos logró crear una identidad de grupo con al menos la mitad del país. Así, muy pronto comenzó a repetir el estribillo de que sin 40 diputaciones en la Asamblea Legislativa era casi imposible transformar el país.

Rodrigo Chaves, y esto resulta paradójico, ha socavado las dos instituciones insignias del Estado Social costarricense: la Caja Costarricense del Seguro Social y la educación pública. Y entre sus fracasos más estrepitosos destaca la grave ola de delincuencia, crimen organizado y narcotráfico que hoy azotan a Costa Rica y que se dispararon precisamente durante su gobierno. Pero de manera retorcida y sarcástica ha convencido a sus seguidores, a menudo fanáticos que lo ven como un Moisés, de que estos problemas no existen, que no son tan graves como los críticos señalan, o que son el resultado de causas ajenas a su responsabilidad.

Y así llegamos a la reciente contienda electoral, con la politóloga conservadora Laura Fernández como su sucesora y la llamada a allanar el camino para el regreso del mesías Chaves en 2030. Aunque es algo improbable, pues ello requiere una reforma constitucional difícil de lograr.

La hoy presidenta electa Fernández logró lo que parecía casi imposible hace seis meses: un sólido triunfo electoral en primera ronda con el 48% de los votos válidos emitidos. Ella dispondrá de una bancada de 31 diputadas y diputadas, lo que significa dos más que mayoría absoluta en un Congreso de 57 diputaciones, pero 7 menos para lograr la mayoría calificada. Así, su partido Pueblo Soberano tendrá la fracción legislativa más grande para un partido oficialista desde 1982. El inmediato seguidor de Fernández, el partido socialdemócrata Liberación Nacional (PLN) obtuvo el 33% de los votos presidenciales y 17 diputaciones.

Por su parte, el Frente Amplio se consolida como la tercera fuerza política del país, aumentando su bancada legislativa ligeramente de 6 a 7 diputaciones. Además, en el transcurso de la semana después de los comicios recibió más de 7.000 solicitudes de afiliación que, en caso de aceptarlas, duplicarían el padrón de este partido de izquierda.

El partido Pueblo Soberano venció de forma arrolladora especialmente en las zonas rurales, urbano marginales, costeras y, en general, en los cantones y distritos de menor desarrollo económico y social. El pueblo raso creyó en sus promesas y se volcó en su apoyo.

Un proyecto claramente neoliberal y de derecha autoritaria

La mayoría de sus seguidores seguramente ignoran que el proyecto político de la presidenta electa es claramente conservador en lo ideológico, neoliberal en lo económico y de derecha autoritaria en lo político. Pero en la cultura poco politizada de la Costa Rica actual, estas denominaciones importan muy poco.

Los años 1950 -1970 fueron años de esperanza en Costa Rica, el Estado social posibilitó el ascenso económico y la conformación de una pujante clase media. En cambio, los años 1980-2020 fueron años de alto crecimiento de la desigualdad, de prosperidad económica para solo una quinta parte de la población. Hubo crisis en la educación y en la salud públicas, de vejez sin pensión para muchas y muchos, hay una línea de pobreza estancada en el 20% de las familias, infraestructuras cada vez más deterioradas, políticas públicas contra el agricultor de pequeña escala, un fuerte crecimiento en el empleo informal, sonados casos de corrupción, etc., etc.

Pero si nos ubicamos en el 2026, otros factores principales deben ser tomados en cuenta, que no son necesariamente coyunturales, porque han sido recurrentes en la política electoral costarricense.

1. El clientelismo agresivo y sistemático que practicó el partido Pueblo Soberano (PPSO) y el propio gobierno en las comunidades más empobrecidas del país. Ahí aprendieron de estrategias electorales similares practicadas en el pasado por los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana y más recientemente, por el partido cristiano evangélico de derecha conservadora Nueva República.
2. Los miles de millones de dudosa procedencia que el PPSO gastó en la campaña electoral, seguramente más dinero que todos los demás partidos juntos. Esta fortuna gastada sirvió no solo para alimentación, transporte, publicidad y propaganda, sino también para comprar operadores políticos y líderes de barrio.
3. La eficaz campaña comunicativa emprendida para convencer a los “básicos” (término utilizado por la diputada oficialista Pilar Cisneros para la gente humilde) de las certezas de la narrativa del gobierno, tanto en los medios, las redes como en las comunidades que el presidente visitaba.
4. La organización casi militar que aplicaron el día de las elecciones, cazando votos casa por casa, cuerpo a cuerpo, antes y después del 1 de febrero.
5. La transferencia de la popularidad de Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros en favor de la candidata Laura Fernández. Este traslado de popularidad no fue del 100% pero sí suficiente para ganar en primera ronda. Imperó “la continuidad del cambio”.
6. La incapacidad de la oposición para traducir los graves problemas del país, especialmente la violencia e inseguridad, en incredulidad hacia las propuestas de Laura Fernández y en rechazo al continuismo.

En resumen, lo que está en juego hoy es la “bukelización” de Costa Rica.