Adriana Sletza Ortega* y Luis Miguel Morales Gámez**

En noviembre de 2026 habrá elecciones legislativas intermedias en los Estados Unidos en las cuales se renovará la cámara de representantes y un tercio del senado. Hay varios escenarios que se pueden considerar en torno a la configuración de mayorías absolutas y relativas en las dos cámaras a favor o en contra del presidente Donald Trump. Para los fines de este análisis sólo consideraremos tres escenarios: 1) la pérdida de mayoría en ambas cámaras, 2) mantener la mayoría republicana en ambas cámaras y 3) mantener la mayoría en el senado, pero perder el control de la cámara de representantes. Este tema es relevante porque sólo de manera interna el sistema político estadunidense puede contener o condicionar las políticas de Trump.   

En el segundo periodo de gobierno de Trump que inició en enero de 2025, el presidente ha tenido la ventaja de tener una mayoría republicana en ambas cámaras, sin embargo, la tendencia a la baja de la popularidad del presidente y sus políticas conduce a que se puedan configurar distintos escenarios legislativos por lo que los resultados locales en distritos electorales reñidos serán determinantes. Lo importante será cómo cada una de las cámaras podrá afectar a las políticas, posturas y acciones del presidente Trump en diferentes temas que incluyen: presupuestos, comercio exterior y aranceles, migración e intervenciones militares. Los temas relevantes para la región latinoamericana incluyen también el combate al denominado narco-terrorismo, la presencia de China en la región que genera contrapesos a la tradición intervencionista estadunidense y el apoyo de Trump a líderes latinoamericanos con agendas neo-conservadoras afines.

En la estrategia de seguridad nacional publicada en noviembre 2025, Estados Unidos ha definido nuevamente al hemisferio occidental como su zona de influencia primordial a través del reposicionamiento del unilateralismo y el uso de la fuerza, lo que denomina el Corolario Trump a la Doctrina Monroe advirtiendo contra la interferencia de otras potencias extranjeras en la región, léase China. En este periodo, la política exterior estadunidense hacia América Latina se ha caracterizado por recurrir a la intervención directa (como en Venezuela al capturar al expresidente Maduro) así como a la amenaza de intervención en países como México y Cuba, en el primero para combatir al narcotráfico y en el segundo para presionar hacia el cambio de régimen.

El militarismo estadunidense en la región se ha justificado a través del narcoterrorismo y el combate a la inmigración irregular. Con la férrea política de detenciones y deportaciones, la inmigración en tránsito hacia los Estados Unidos ha logrado ser disuadida y bajar hasta en un 90 por ciento en el último año; y ha presionado a los gobiernos de Panamá y México para contener el flujo de tránsito migratorio. Además, a través de la designación de las organizaciones de narcotráfico como terroristas, Estados Unidos ha realizado ataques aéreos a embarcaciones sospechosas en el Caribe con la Operación Lanza del Sur (mayor operación militar en América Latina desde la Guerra Fría) encabezada por el Comando Sur de los Estados Unidos, y mantiene la presión hacia los países de la región para enfocar el combate contra las organizaciones criminales designadas.

Particularmente, la iniciativa del Escudo de las Américas lanzada en marzo de 2026 propuso públicamente alinear bajo la estrategia militar estadunidense a los gobiernos latinoamericanos y caribeños afines al presidente Trump. Con las recientes victorias de gobiernos de derecha en América del Sur (José Antonio Kast en Chile, Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú) se ampliará esta coalición, y con ello la recuperación y ampliación de presencia militar estadunidense.        

Escenario 1. Pérdida de mayoría en ambas cámaras

En el caso de que el Congreso tenga amplias mayorías demócratas, el presidente Trump incluso podría enfrentar un nuevo proceso de juicio político (impeachment) por diversas acciones cuestionables e incluso ilícitas que ha cometido en este segundo periodo que van desde su enriquecimiento personal hasta la ofensiva militar en Irán y el decreto de aranceles sin autorización legislativa.  Aunque es improbable que una destitución por esta vía logre concretarse, el propio presidente Trump ha mencionado que en caso de los demócratas ganen las elecciones en noviembre seguramente tendrán algún motivo para promoverle un nuevo juicio político, como también lo intentaron durante su primer mandato y no pudieron lograrlo. De cualquier manera, un proceso de impeachment pondría fuerte presión sobre la administración Trump incluso llevándolo a tomar medidas más agresivas en política interna o política exterior.

En este primer escenario, la administración Trump podría enfrentar el cuestionamiento para un análisis más detallado para diferenciar a las organizaciones narcotraficantes de las organizaciones terroristas y sus capacidades. La política actual ha sido usar el pretexto del narcotráfico para intervenir, aunque cabe recordar que en el caso de Honduras el presidente Trump indultó al expresidente Juan Orlando Hernández ya condenado por narcotráfico para favorecer a que ganara la presidencia Nasry Asfura del mismo Partido Nacional. Así, la prioridad es tener regímenes aliados o alineados con Estados Unidos, no el combate real al tráfico de drogas.  Los demócratas podrían cuestionar estas acciones, poner mayor énfasis en las acciones de cooperación y coordinadas con los países latinoamericanos. Esquemas como la Iniciativa Mérida (acuerdo entre Estados Unidos con México, y varios países centroamericanos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado) o el Plan Colombia (estrategia militar de Estados Unidos para debilitar cárteles y a grupos guerrilleros colombianos) tuvieron mayor supervisión del congreso estadunidense porque han implicado presupuestos etiquetados, aunque no necesariamente han cambiado los resultados de disminuir la producción de drogas y su distribución.

Mayorías demócratas en el Congreso podrían frenar las acciones estadunidenses ilegales como los ataques directos a embarcaciones, o incluso las posibles intervenciones en territorio de México y en Cuba a través de las vías diplomáticas. Porque las intervenciones militares directas estadunidenses dan paso a que los países latinoamericanos busquen alternativas de contrapeso político extrarregional en Europa y Asia.  

Respecto a la presencia de China en la región, ésta ha sido guiada por su interés de satisfacer la demanda interna de productos básicos para abastecer a su industria y garantizar el suministro de materias primas a través del comercio y la inversión. Ha dado prioridad a proyectos económicos e infraestructuras. Un congreso con mayoría demócrata puede propiciar que este tema pueda ser manejado mediante diálogos sobre América Latina. Desde 2006 durante la administración Bush y posteriormente en la de Obama se pusieron en marcha mecanismos para que el gobierno chino asegure a su contraparte estadounidense que sus actividades en la región latinoamericana no ponen en riesgo los intereses estadunidenses.

Ambas naciones están interesadas en tener una presencia en los países latinoamericanos y poder desplegarlas sin que haya conflicto entre ellos. Por parte de China, existe un reconocimiento de la autonomía latinoamericana como una característica singular de la región, dado que China también ha seguido una vía de desarrollo y una política exterior autónoma. Hay que tomar en cuenta que para el gobierno chino Estados Unidos es una prioridad y ha manifestado que quiere evitar una confrontación directa con Estados Unidos y el lenguaje de la Guerra Fría.

El propósito sería manejar diplomáticamente la relación dirimiendo controversias y tensiones, evitando un escenario bipolar donde compitan las dos naciones por su hegemonía en la zona. Un ejemplo fue la postura de China sobre la invasión a Venezuela, condenándola y declarando que se violó la Carta de las Naciones Unidas, pero sin comprometer apoyo militar ni mayor involucramiento que pueda cruzar líneas rojas en la relación con Estados Unidos. Eso es un reflejo de que no hay interés en escalar asuntos interamericanos. 

Escenario 2. Mantener la mayoría republicana en ambas cámaras

Si se mantienen las mayorías republicanas en ambas cámaras puede haber un apoyo a la intervención directa en los países latinoamericanos que la administración Trump ha posicionado como prioritarios, es decir, Cuba y México. En el primero de una manera más permanente, y en el caso de México serían operaciones quirúrgicas de ataques directos a las células criminales más importantes. 

El presidente Trump podría seguir presionando a los países latinoamericanos para que la vía de la militarización sea la forma de avanzar su agenda de seguridad regional lo cual provocaría tensiones, violaciones a los derechos humanos y mayor migración forzada. Trump ha hecho énfasis que la política de seguridad del presidente Nayib Bukele en El Salvador, es la que deben imitar otros países de la región. De hecho, es la intención del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia implementar políticas similares, pero enfrentará mucho mayor resistencia por parte de los grupos armados y riesgo de desestabilización en territorios más amplios. 

En este escenario también el gobierno de Trump podrá intervenir de formas más directas para apoyar que lleguen al poder en la región, líderes afines para ampliar su coalición de gobiernos aliados o alineados con agendas neo-conservadoras y regresivas en materia de derechos humanos. Eso implicaría también un mayor presupuesto para el militarismo y la represión en América Latina, reducción del gasto social, privatizaciones de servicios públicos y profundización de problemas estructurales de pobreza y desigualdad. Incluso también la tendencia al unilateralismo estadunidense y su influencia a través de liderazgos latinoamericanos alineados, puede llevar a debilitar e incluso desmantelar a las instituciones multilaterales del sistema interamericano y propiciar conflictos armados entre países limítrofes, una tendencia que parecía haber sido desterrada a través de la diplomacia latinoamericana.       

Considerando este escenario, la presencia de China en la región sería visualizada como intromisión extrarregional y reto geopolítico por parte de la administración Trump y congresistas aliados. Actualmente, China se ha posicionado como el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región, excepto de México quien mantiene como socio principal a los Estados Unidos. El Congreso seguiría respaldando la estrategia del presidente Trump de identificar lugares estratégicos en América Latina donde la presencia china puede poner en peligro su control geopolítico de la región, como Panamá. Desde el inicio del segundo periodo de Trump, buscaron presionar al gobierno de José Raúl Mulino sobre los acuerdos con China sobre el Canal de Panamá y respetar las preferencias estadunidenses. Incluso durante la reunión del “Escudo de las Américas” en marzo de 2026, Trump nuevamente volvió a plantear el Canal como espacio estratégico y el presidente panameño estuvo presente.  

Escenario 3. Mantener la mayoría en el senado, pero perder el control de la cámara de representantes

Este escenario podría generar todo un debate y cuestionamiento respecto a las acciones de intervención directas e indirectas que se den en América Latina. Sin embargo, el Congreso tendría constantemente que estar analizando y obstaculizando acciones que emprenda el presidente Trump y que la cámara de representantes quiera evitar, señalando que debe de pedir autorización del Congreso, lo cual no ha querido hacer el presidente señalando que el factor sorpresa es la mejor forma de actuar para lograr objetivos militares. La justificación ha sido resguardar la seguridad de los Estados Unidos ante amenazas como el tráfico de droga y los gobiernos latinoamericanos que temen combatirlos o están infiltrados.

Se produciría todo un debate al interior de Estados Unidos donde estarían divididos no sólo demócratas y republicanos sino también los sectores sociales para apoyar o no las acciones del presidente en el ámbito doméstico y en el exterior. El presidente Trump ha querido descalificar en los medios la postura de los congresistas opositores y enfocar la atención en sus acciones bélicas y resultados que presenta como exitosos para sus electores. Este debate y cuestionamiento en la cámara legislativa dominada por la oposición en los Estados Unidos generaría un impase en varias políticas que requieren mayorías legislativas. En particular, el debate sobre el presupuesto y los programas sociales es lo más relevante en la Cámara de Representantes.

Las diferencias entre congresistas estadunidenses y los intereses en cada uno de sus distritos electorales respecto de América Latina genera espacios de maniobra para aquellos países con mayor capacidad de cabildeo directo a través de los congresistas estadunidenses en materia de política exterior. Por ejemplo, México tiene una gran experiencia en esos espacios de cabildeo desde que inició la negociación para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a principios de la década de 1990.

Igualmente, Brasil tiene mayor capacidad para incidir y proponer alternativas. Por ejemplo, ante los ataques estadunidenses a las denominadas narcolanchas en el Caribe para supuestamente disminuir el tráfico de drogas, el gobierno de Lula da Silva prefirió hacer un acuerdo directo con la administración Trump que incluye la preocupación brasileña del tráfico de armas estadunidenses que han sido confiscadas por autoridades brasileñas. El acuerdo fue anunciado en abril de 2026, y se denomina Proyecto MIT (Mutual Interdiction Team). Consiste en una alianza operativa entre las oficinas de aduanas de ambos países, es decir, la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidense (CBP).

Escenarios para México

Dos temas son relevantes para México: una posible intervención militar estadunidense en territorio mexicano y el fin del acuerdo comercial trilateral T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). Estas amenazas también estuvieron presentes en el primer periodo de Donald Trump (2017-2021) y se han retomado en este segundo periodo. La estrategia de la presidenta Claudia Sheimbaum ha sido lo que ella ha denominado “colaboración sin subordinación” que se ha aplicado tanto en materia comercial como en materia de narcotráfico tratando de conciliar los intereses de México y los de la relación bilateral con los Estados Unidos.   

La amenaza de que Estados Unidos pueda intervenir territorialmente en México para llevar a cabo operaciones contra las organizaciones criminales mexicanas es un tema muy sensible en México, que alude al control soberano del territorio y al nacionalismo. Para evitarlo durante el primer periodo de Trump, entre México y Estados Unidos acordaron un nuevo marco de colaboración en materia de seguridad conocido como el Entendimiento Bicentenario. En el segundo periodo, la presidenta Sheinbaum ha mostrado disposición de colaboración en esta materia a través de la entrega de criminales a los Estados Unidos.

En febrero de 2025, 29 narcotraficantes capturados por México fueron extraditados hacia los Estados Unidos y en enero de 2026, 37 criminales más fueron enviados por México hacia los Estados Unidos, aunque sin seguir el procedimiento formal de extradición. Al ser cuestionada sobre esto, la presidenta Sheinbaum mencionó que esto se realizó por solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el marco del Entendimiento bilateral entre ambos países, pero que fue una decisión del Consejo de Seguridad Nacional, una decisión soberana de conveniencia para México, para su seguridad nacional y seguridad pública.   

En los últimos meses, a partir de abril de 2026, la presión estadunidense en el tema del narcotráfico se ha reactivado, ya que hay una solicitud para capturar y extraditar a 10 políticos mexicanos vinculados al cartel de Sinaloa. Estos políticos pertenecen al partido político de la presidenta Sheinbaum (MORENA), lo cual ha generado un dilema sobre si ceder a esta petición o enfrentar la posibilidad de que Estados Unidos declare que el gobierno mexicano abiertamente protege a narco-políticos que apoyan o participan del narco-terrorismo, lo cual estaría legalmente sancionado en ese país.    

En el tema comercial, en el primer periodo de Trump lograron reemplazar el TLCAN (NAFTA) por el T-MEC (USMCA) con revisiones periódicas. Esto ha permitido a la administración Trump estar presionando constantemente a México y a Canadá con poner fin al tratado. Aunque el bloque comercial de América del Norte integrado por los tres países genera una gran competitividad e integra amplias cadenas de suministro, manufacturas e inversiones, la administración Trump prefiere negociar y presionar unilateralmente por separado a Canadá y a México, lo cual puede llevar al escenario de que el T-MEC no continúe.

En este tema, los resultados legislativos de la elección en noviembre de 2026 serán determinantes porque cada congresista y sus distritos electorales pueden hacer presión porque el tratado se mantenga o termine. Aunque el costo económico de terminar el acuerdo trilateral sería muy alto, la administración Trump está dispuesta a asumirlo.  Mientras tanto, la estrategia de México ha sido impulsar una negociación que enfatiza las ventajas del T-MEC para los sectores económicos en los Estados Unidos y se apoya en los vínculos transnacionales creados por las comunidades empresariales mexicanas con sus contrapartes en los Estados Unidos.

La estrategia de política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido a través de posturas firmes ante Estados Unidos, de interés en mantener la colaboración bilateral, no ha manifestado enojo, distanciamiento o rechazo directo hacia declaraciones de Donald Trump. Públicamente, mantiene el discurso de la importancia de la soberanía mexicana. 

Por otra parte, la relación entre México y China ha sido manejada por el gobierno mexicano de forma discreta. El comercio bilateral ha crecido en los últimos años, pero es ejemplo de cómo el gobierno mexicano gestiona su vinculación económica con China, al tiempo que minimiza la exposición geopolítica frente a Estados Unidos ya que le da prioridad al acuerdo trilateral del T-MEC. Sin embargo, como el resto de los países latinoamericanos, México puede recurrir a China como contrapeso frente a Estados Unidos.

Alternativas transnacionales y resistencias de los pueblos latinoamericanos

A través de los flujos migratorios históricos y contemporáneos entre Estados Unidos y los países latinoamericanos se ha creado una densa red de relaciones familiares y sociales transnacionales. En ese sentido, las familias y comunidades migrantes son quienes han estado experimentando de manera directa las crueles políticas de Donald Trump con impactos diferenciados en los distintos territorios.

Sin embargo, tanto el primer mandato de Trump como el actual periodo de gobierno, también ha permitido que se amplíe la acción política transnacional de comunidades y organizaciones que han ampliado su agenda también de intervención. Con frecuencia, las organizaciones que trabajan temas migratorios y de derechos humanos tienen un enfoque que articula distintas áreas asociadas a las causas de las migraciones, atención directa pero también construcción de alternativas. Su trabajo con migrantes permite visualizar problemas diversos asociados al desplazamiento por violencia, problemas estructurales de desigualdad y desarrollo capitalista, la guerra contra las drogas y la criminalización, justicia y militarización.

Igualmente, las comunidades históricamente racializadas y marginadas en los Estados Unidos están ampliando el alcance transnacional de su acción política a través de las personas migrantes. Hay mucho más interés de lo que ocurre en América Latina, comprender cómo la política exterior estadunidense ha afectado a los países latinoamericanos y por qué es necesario llevar acciones en conjunto que puedan tener un impacto actuando interiormente desde los Estados Unidos dentro del sistema político y los contrapesos legislativos así como con autoridades locales, pero también transnacionalmente a través de las comunidades migrantes latinoamericanas.

El neo-conservadurismo en Estados Unidos y su avance en América Latina prende las alarmas de los sectores progresistas porque se puede visualizar la peligrosidad del momento actual, la tendencia a la regresión de derechos humanos, la represión y el avance del militarismo.  En ese sentido, es importante identificar las potencialidades de la organización colectiva transnacional y los esfuerzos articulados para construir alternativas sociales. En América Latina persiste una fuerte tradición de resistencia de los pueblos en la defensa de sus derechos colectivos y amplia conciencia del agotamiento de los modelos impuestos desde los Estados Unidos.

*Adriana Sletza Ortega. Profesora investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

**Luis Miguel Morales Gámez. Profesor investigador en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Dale clic al artículo en su versión en inglés.  https://www.rosalux.de/en/news/id/55344/the-future-of-us-militarism-in-latin-america

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