A más de 5 años del gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T), es difícil coincidir en una caracterización de este proyecto desde la perspectiva de actores sociales y los retos que implica para el movimiento social. Ha sido un proceso de cambio social cuyos rasgos, tensiones y contradicciones plantean la necesidad, en este momento, de un análisis más complejo para pensar los retos y las perspectivas del próximo periodo.

En primer lugar, hay que reconocer que el actual gobierno, la 4T, no ha significado un cambio antisistémico de cambio estructural. Más bien se define como un proyecto antineoliberal, en un proceso contradictorio que se ha propuesto modificar las condiciones políticas para acotar excesos del capital. Es decir, lo que algunos denominan un capitalismo social, que considera la necesidad de reducir afectaciones sociales y ambientales fortaleciendo la presencia de lo público, así como de medidas que permitan una mayor distribución de la riqueza social.

Si bien el actual gobierno no representa una propuesta revolucionaria, su llegada al poder puede explicarse por la ruptura del consenso entre las élites y los sectores populares. Después de largos años de agravios y devastación institucional, de distancia de éstas frente a las necesidades e intereses de la sociedad, el pacto social se rompió. Y de ahí surgió una crisis de hegemonía que propició un nuevo escenario político, tanto para los grupos dominantes como para los movimientos sociales. Como señala César Enrique Pineda “cambió el tablero político por la compleja emergencia de una fuerza política contradictoria que ha subsumido a la izquierda histórica institucional, aislado a la izquierda antisistémica y descolocado por completo a partidos opositores, y a analistas de todos los signos políticos”.

Para hacer una lectura de esta etapa desde la perspectiva global y latinoamericana de los procesos de cambio social, que también las hay en otros países, se requiere levantar la mirada, analizarla en el marco de problemáticas y dinámicas que tienen raíces profundas y van más allá del momento actual.

Las tendencias históricas y los rasgos de la coyuntura transitan, por un lado, en una dimensión global/estructural, y por otro, en la intensa vida política nacional y sus diversas expresiones regionales. Todo está interconectado. Hemos asumido desde hace tiempo que vivimos una crisis civilizatoria y como parte de ésta, un proceso de acumulación profundamente violento que exacerba todas las contradicciones que puedan presentarse. Es así como en México podemos situar las contradicciones a través de los siguientes ejes temáticos: economía extrativista, desigualdad, economías de guerra y economías criminales, crisis del modelo político hegemónico y movimientos sociales.

Economía extractivista

Por economía extractiva podemos situar aquella basada en el despojo y la desposesión, con efectos devastadores, y que nos lleva hacia una catástrofe ecológica que amenaza a la vida misma.

Al respecto, el proyecto de la 4T ha optado por continuar el modelo extractivo, apostando por algunas palancas de desarrollo que lo profundizan como las energías fósiles. Así, plantea el desafío de aprovechar la relocalización del capital, de la inversión extranjera o trasnacional para promover lo que ha llamado “la prosperidad compartida”, que no está basada en la oferta de mano de obra barata sino en una economía extractiva. Este enfoque no promueve cambios estructurales o sistémicos, sino una mayor rectoría del Estado en la planeación económica para incorporar el interés público en la dinámica global, que podría plantear efectos positivos en lo social y ambiental.

Sin embargo, generar las condiciones de atracción de esos capitales requiere de megaproyectos para la infraestructura y el traslado de mercancías y personas, así como la multiplicación de corredores económicos y parques industriales, la disposición de recursos naturales como el agua, la producción energética a gran escala, etc. Proyectos emblemáticos del gobierno como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico dan cuenta de ello. Estos mantienen y profundizan las disputas socioambientales, especialmente en algunas regiones. Abordar estas, o buscar alguna solución, resulta muy complejo debido a la multiplicidad de actores formales e informales involucrados en la conflictividad territorial.

Por otro lado, la relación del gobierno con movimientos y redes ya sean sociales o ambientalistas ha sido muy diversa y desigual. En algunos casos, ha atendido de manera limitada: las exigencias históricas sobre la prohibición del fracking, los transgénicos y el glifosato; las declaratorias de áreas protegidas y la restricción a la minería a cielo abierto; la promoción de una nueva ley de aguas y la recuperación de mantos freáticos; la restitución de tierras a algunas comunidades indígenas o campesinas; o el proyecto de una transición energética significativa, etc. En otros casos, ha cerrado espacios de diálogo e interlocución.

La enorme desigualdad

Ante una relación de enorme privilegio al capital sobre el trabajo y a la hiperconcentración de la riqueza, se observa una creciente desigualdad. Un informe reciente de Oxfam sobre el tema plantea que “la fortuna conjunta de Carlos Slim y Germán Larrea creció 70% durante los últimos cuatro años, hasta representar casi 6 de cada 100 pesos de la riqueza privada en el país. Una cifra equivalente a la riqueza de la mitad de la población más pobre de América Latina y el Caribe —unos 334 millones de personas”.
¿Cuáles son las acciones necesarias para empezar a revertir estructuralmente esta situación? Una de ellas, la justicia fiscal. En este terreno no se han sentado las condiciones para una redistribución sustantiva de la riqueza social a través de una reforma fiscal progresiva, y no se avizora a corto plazo. Considerando que históricamente en México se ha priorizado la fórmula “capital sobre trabajo” y que esto no se ha modificado sustantivamente, a través de la correlación económica y política se sigue favoreciendo al gran capital corporativo del país.

Si bien hay un consenso en la reivindicación sobre los derechos sociales, debido el grave rezago de instituciones públicas en los servicios de educación, salud y vivienda no se ha garantizado el acceso real al ejercicio pleno de estos derechos. Aunque esto ha sido una fuente de tensión, las políticas públicas en estas materias han sido poco consistentes en casos y proyectos clave que recién fueron puestos en camino, como “La nueva escuela mexicana” o el “IMSS-Bienestar”.

Sí podemos reconocer el avance en el aumento al salario mínimo y el mejoramiento legal en las condiciones laborales y sindicales, si bien falta mucho por implementar en temas como subcontratación (outsourcing), teletrabajo, plataformas digitales y el sector jornalero. La 4T ha sostenido que, en su proyecto, la competencia económica no tendrá como eje el trabajo precario.

Por otra parte, los movimientos sindicales de trabajadores más independientes no han logrado un protagonismo mayor en este escenario. Aunque importantes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los sindicatos universitarios, la Nueva Central de Trabajadores o la Unión Nacional de Trabajadores no aparecen como actores o interlocutores de veto en el escenario público. Al parecer, en sus filas existen diferentes miradas sobre cómo relacionarse con este gobierno.

Los programas sociales de distinto tipo, sin ignorar su sesgo clientelar, han representado un ingreso significativo para millones de familias e incidido en algunos índices de bienestar y en el fortalecimiento del mercado interno. En algunos casos, como el programa gubernamental Sembrando Vida, han reconfigurado procesos organizativos vinculados al programa mismo. Pero, en la mayoría de los casos, los programas sociales han desarticulado la colectividad, pues se tratan de apoyos individualizados que despolitizan tanto su contenido como a sus beneficiarios. La distribución de recursos hacia la base social ya no se gestiona por las organizaciones sociales, populares y campesinas, y éstas han tenido que repensarse y recolocarse en este entramado social y político. Las organizaciones viven su relación con la 4T como un dilema, y en muchos casos han asumido una estrategia de colaboración.

En relación al problema del desarrollo regional, la inversión en el Sureste, también desde un enfoque de redistribución de la riqueza hacia el Sur, ha generado múltiples efectos de todo tipo, cuyos impactos profundos y afectaciones estamos por conocer. Tras décadas de abusos y agravios, en los estados más lacerados hay amplios niveles de consenso y respaldo social de la 4T y particularmente del liderazgo de López Obrador. En esa región se observa una debilitación de muchos movimientos sociales, pues no logran articular el descontento para representar los intereses populares en esta crisis de hegemonía, si bien, frente a los megaproyectos avanzaron las alternativas antisistémicas, como el zapatismo.

Fotografía: Eneas de Troya, bajo licencia Creative Commons CC-BY 2.0

Economías de guerra y economías criminales

Las economías de guerra hacen parte fundamental de un nuevo arreglo geopolítico. En este marco, la economía criminal significa una enorme fuente de ganancias en el contexto de una cruenta disputa por mercados ilícitos entre empresas de esta naturaleza y el Estado. Una confrontación que sucede de manera inaudita en la cotidianidad de las comunidades y las personas.

El país es sin duda un centro de gravedad de la violencia criminal, que está marcado por sus diversas manifestaciones. La orientación y la lógica de la estrategia de seguridad, aunque propone atender las causas como ruta de solución, mantiene y profundiza una fuerte perspectiva militarista y ha hecho frente a la problemática distanciándose de los procesos organizativos sociales y civiles. A lo largo de dos décadas, esta línea ha llevado no sólo a la masificación de las víctimas, sino a una mayor vulnerabilidad de las colectividades y las personas, que terminan siendo blancos de la incertidumbre, la violencia y el miedo.

Frente a esto, se ha generado un importante sujeto social emergente: los movimientos alrededor de víctimas de la violencia, con una gran diversidad de expresiones y experiencias, como la de madres buscadores, que les ha tocado interactuar de forma compleja con un andamiaje de nuevas instancias de memoria, verdad y la justicia. Frente a la falta de resultados, tanto para encontrar o identificar a las personas desaparecidas, como en el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, la frustración es lo que ha predominado. Es claro que, con todo, las estructuras criminales están sostenidas gracias a la impunidad y la colusión con agentes del Estado.

Crisis del modelo político hegemónico

Mientras que el modelo capitalista está siendo cuestionado de muchas maneras, y ha encontrado sus límites y se nota una crisis en la democracia liberal, a nivel global, más de la mitad de los países van a elecciones este 2024. Algunas de éstas serán claves para definir agendas sustantivas en el sistema internacional, al menos en temas clave como migración, cambio climático, conflictos armados y gobernanza mundial. Las elecciones no son la panacea, pero definen condiciones políticas que pueden ofrecer la posibilidad de avanzar en otros procesos de cambio estructural.
América Latina vive también una tensión en los años recientes, donde se conjugan distintas tendencias de democracias precarias, una derecha que avanza y un progresismo diverso que logró expandirse en un contexto de creciente presencia del crimen organizado, los estados de excepción, la incesante migración y la profunda desigualdad de nuestro subcontinente.

¿Qué puede surgir en México? En términos económicos, el gobierno optó por la gestión de lo posible, pero podría acotar los excesos del capital y un proceso de acumulación que considere los impactos sociales. A través de la candidatura de Sheinbaumm podría hablarse de un foco en los impactos ambientales, pero bajo una mirada de capitalismo social.

Políticamente, se expresa un fenómeno social en torno al liderazgo que articula, en la figura personal de Andrés Manuel, el descontento popular ante la débil representación de los sectores sociales y que se ejerce desde un aparato institucional y partidario reconfigurado y fortalecido, muy centralizado. Queda pendiente, entonces, el desafío de la profundización democrática, el reconocimiento y la legitimación de los múltiples actores que conforman el denso tejido organizativo de izquierdas en el país, que por muchos años ha construido importantes procesos de resistencia y cambio social.

Movimientos Sociales

Los diferentes movimientos de izquierda conviven hoy sin articularse. En el caso de los movimientos tradicionales que han luchado por una distribución justa de los recursos en todos los ámbitos –organizaciones gremiales, estudiantiles, campesinas, de derechos humanos– abarcan distintas estrategias de colaboración, confrontación o impugnación a partir de la movilización y la negociación con el gobierno. Por otra parte, han surgido también movimientos nuevos –indígenas, feministas, de jóvenes, de víctimas– con propuestas y agendas más antisistémicas e identitarias que destacan por la construcción de un poder propio y nuevos paradigmas.

Desafíos para el porvenir

Para el movimiento social, el desafío es grande. Este debe recolocar con claridad, en el escenario político, su identidad, rol, agenda, así como reconocer los lo que pueden aportar sus diversos actores. Es decir, las izquierdas necesitan construir una visión común, reconocer los paradigmas que las sustentan y los criterios éticos que las fundamentan, construir una mirada de futuro que orienten las rutas estratégicas desde el presente.

El reto consiste en la construcción de procesos de confluencia social. Más allá de la polarización actual, se desprenden varias preguntas para el presente que incluyen el porvenir: ¿es posible combinar estrategias y construir consensos políticos y programáticos para propiciar convergencias más amplias? ¿Es posible generar espacios de diálogo entre la izquierda antisistémica, la social y la izquierda partidaria? ¿Cómo transitar desde un diálogo intergeneracional el relevo de liderazgos?
Finalmente, es importante reconocer que los movimientos sociales de nuevo tipo conllevan un marco de valores que cuestionan la competividad desde las lógicas del bien común, los cuidados, la colectividad y, en general, la ética pública.

La tarea para el movimiento social, en general, es asumir también la construcción de nuevos paradigmas, y que los movimientos tradicionales gremiales reconozcan y dialoguen con los movimientos que no disputan el poder, sino que construyen un poder propio, como el zapatismo o el feminismo. No se trata de vivir momentos de alternancia, sino momentos de construcción de alternativas.

Notas

1. Hegemonía y 4T. Un debate gramsciano, César Enrique Pineda, febrero 2024, coedición UAM y Itaca.
2. El Monopolio de la Desigualdad (informe), Oxfam México, enero 2024.